El traslado de inmigrantes en situación irregular desde Canarias a la Península ha generado un reguero de quejas por parte de comunidades y ayuntamiento gobernados por el PP, que han acusado al Gobierno central de oscurantismo y falta de coordinación.
La primera en expresar este malestar con el Gobierno central fue la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que acusó al ejecutivo de Pedro Sánchez de tratar a los inmigrantes como "fardos que se envían y se van dejando por la Península". Ayuso ha criticado que el Gobierno no se haga "cargo de nada". "No nos dice a las comunidades autónomas cuántas personas son o cómo les vamos a atender", ha asegurado en declaraciones a los periodistas esta semana.
Los alcaldes de Madrid y Alcalá, José Luis Martínez Almeida y Judith Piquét, ambos del PP han expresado su preocupación por la llegada de inmigrantes a sus municipios. Almeida ha criticado el discurso "populista" del Gobierno y ha señalado que en la política "no se trata de ser un buenista", sino de hacer buenas políticas. En su opinión, "no puede ser recibir al Aquarius con los brazos abiertos y desperdigar a los inmigrantes, sin apenas información por toda España".
Igualmente, la alcaldesa de Alcalá de Henares, Judith Piquet, ha expresado este jueves su "preocupación" ante las informaciones sobre la posible llegada de inmigrantes a la base militar Primo de Rivera de la ciudad complutense y su posterior charla telefónica con el delegado de Gobierno en Madrid, Francisco Martín. Según la regidora, esa conversación ha transcurrido en "términos cordiales", pero ha arrojado "muy poca luz" al no obtener respuestas sobre la "cantidad" de personas que llegarán al municipio, "durante cuánto tiempo", de qué "nacionalidades" ni qué "régimen de convivencia" tendrían con los vecinos de la ciudad.
También desde Andalucía, la comunidad a donde han llegado hasta el momento más inmigrantes, han expresado su malestar. El presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, considera que este tipo de actuaciones se tienen que adoptar "informando previamente a ayuntamientos, diputaciones y comunidades autónomas". "Hay que hacerlo de manera coordinada y con máxima cooperación", ha argumentado.
Por su parte, la alcaldesa de Almería, la 'popular' María del Mar Vázquez, ha trasladado su "comprensión" ante la "situación actual" que viven las Islas Canarias, pero ha reprochado al Gobierno su "deslealtad institucional" por "no haber contado" con el ayuntamiento para el traslado hasta la capital almeriense de más de 400 personas.
Por su parte, la Xunta de Galicia también se ha quejado de no haber sido informada de la operación para el traslado de 400 inmigrantes a su comunidad autónoma, la mayoría de los cuales irán a Sanxenxo y el resto a otros municipios de la provincia de A Coruña. Concretamente, el Ayuntamiento de Sanxenxo ha criticado el "oscurantismo" de la administración central.
La Junta de Extremadura ha pedido, igualmente, "coordinación" al Gobierno de España y ha criticado que conociera con un día de antelación que 180 nuevos inmigrantes llegarían este martes a la región. También se ha quejado de "deslealtad institucional" el Gobierno autonómico de Aragón, algo que ha rechazado el delegado de Gobierno en esta comunidad autónoma, Fernando Beltrán.
El presidente murciano, Fernando López Miras, ha lamentado que su Ejecutivo no haya tenido "ninguna" notificación por parte del Ministerio del Interior sobre el traslado de inmigrantes desde Canarias hasta la península, por lo que ha reclamado "información, colaboración y lealtad institucional cuando se está hablando de vidas humanas". En declaraciones a los medios de comunicación y al ser preguntado por este asunto, López Miras ha insistido en que no ha recibido "ninguna" información del Gobierno central y ha considerado que "esto es grave y preocupante".
"INVASION MIGRATORIA", SEGÚN VOX
El más crítico hasta el momento ha sido el vicepresidente de Castilla y León, Juan García-Gallardo, quien, ante la llegada de 250 inmigrantes al balneario de Medina del Campo, ha expresado su rechazo "rotundo" a lo que considera una "invasión migratoria". Castilla y León ha recibido ya a 400 personas en situación irregular que han sido repartidos en seis de las nueve provincias de la comunidad autónoma.
Sin embargo, el portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, se ha desmarcado de las declaraciones de su vicepresidente y ha atribuido los argumentos de García-Gallardo a opiniones circunscritas al "ámbito personal" o al partido que representa.
El portavoz castellanoleonés ha insistido en que Castilla y León es una tierra "solidaria" con otras autonomías como Canarias, al tiempo que ha abogado por "poner en el centro" a los "más vulnerables que, en este caso, son los inmigrantes. Ha criticado, no obstante, la "improvisación" con la que ha actuado el Gobierno central y "su falta de transparencia" al no comunicar al Gobierno regional este traslado pese a tener competencias "importantes" sobre la situación.
