La Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha elaborado un informe de 158 páginas, al que ha tenido acceso La 7, que acredita, según sus propias conclusiones, la existencia de una red de influencias encabezada por el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero para conseguir que la aerolínea Plus Ultra Líneas Aéreas obtuviera un préstamo de 53 M€ del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), gestionado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). El informe, con referencia 1908/26 UDEF-BBCA y fechado el 22 de abril de 2026, fue remitido a la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia, Plaza nº Dos, en el marco de las Diligencias Previas 77/24.
El documento se sustenta en dos fuentes. La primera, la extracción telefónica del dispositivo móvil de Rodolfo Reyes Rojas, principal accionista de Plus Ultra a través de su esposa María Aurora López López, realizada en 2021 por la agencia estadounidense Homeland Security Investigations (HSI) en el contexto de una investigación sobre blanqueo de capitales y evasión de sanciones internacionales, y posteriormente compartida con las autoridades españolas. La segunda, los terminales intervenidos durante el operativo policial del 11 de diciembre de 2025, en el marco de una pieza separada declarada secreta.
Zapatero, en la cúspide de la 'boutique financiera'
La UDEF sitúa a Rodríguez Zapatero en lo más alto de lo que los propios investigados denominaron internamente "boutique financiera", una estructura societaria diseñada, según los investigadores, para canalizar pagos a cambio de influencias sobre el proceso de concesión de la ayuda pública. La Policía lo describe ejerciendo "un liderazgo no visible en la estructura formal, realizando una supervisión estratégica del proceso".
La primera conexión entre Plus Ultra y el expresidente se produjo el 30 de marzo de 2020, cuando Reyes Rojas contactó con Ramón Gordils para explorar una vía de acceso a Zapatero: "Tú crees que podamos pedir ayuda a Zapatero, tema lobby político Plus Ultra Líneas Aéreas, ayudas públicas y/o financiamiento". El canal definitivo llegó a través de Manuel Fajardo, identificado en el informe como "la pieza de ZP en Venezuela", que puso en contacto a los directivos de la aerolínea con Julio Martínez Martínez, lugarteniente de Zapatero en España y titular formal de las sociedades que recibirían los pagos encubiertos. En los mensajes entre los investigados, Martínez Martínez aparece siempre como "el tocayo".
Las comunicaciones analizadas muestran que Martínez Martínez accedió a información privilegiada sobre el expediente de la SEPI antes de que el Consejo Gestor del FASEE se reuniera para tomar su decisión. El 26 de febrero de 2021, días antes de esa reunión, ya transmitía sus felicitaciones a Reyes y a Camilo Ibrahim Issa por "la próxima obtención del préstamo de la SEPI", precisando que "muy previsiblemente será en el Consejo de Ministros del día 9 de Marzo". La aprobación se produjo, efectivamente, en esa fecha.
Pedro Saura, el vínculo murciano con el Ministerio
Entre los cargos institucionales que aparecen en el informe, la UDEF destaca la reunión que los directivos de Plus Ultra celebraron el 22 de julio de 2020 con Pedro Saura García, secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda del entonces Gobierno de España y natural de Torre Pacheco. La cita, en la que también estuvo presente el jefe de gabinete de Saura, Francisco Ferrer Moreno, fue propiciada por las gestiones del abogado Miguel Palomero De Juan, quien mantenía relación con Koldo García Izaguirre, hombre de confianza del ministro José Luis Ábalos.
La reunión, según las conversaciones intervenidas, se celebró con carácter previo incluso a la aprobación formal del fondo FASEE, que no se publicó en el Boletín Oficial del Estado hasta el 24 de julio de 2020. Tras el encuentro, los directivos de la aerolínea informaron a Reyes por mensaje: "Acabamos de terminar la reunión con Pedro Saura y su jefe de gabinete, Francisco Ferrer. Reunión agradable, distendida. Lógicamente, se notaba que nos han recibido por 'altas' recomendaciones. El papel del ministerio será únicamente 'hablar' bien de la compañía, que en nuestro caso lo tenemos asegurado". La respuesta de Reyes fue: "Si bro. Nuestro pana zapatero detrás".
La participación del Ministerio de Transportes en el proceso se extendía también al ámbito regulatorio. El informe recoge que la red de influencia recibió con entusiasmo las noticias sobre el Certificado de Operador Aéreo (AOC) de Plus Ultra, instrumento imprescindible para que la aerolínea pudiera continuar operando. Martínez Martínez informó a los directivos de una "próxima reunión con el Ministro de Transportes" en relación a ese certificado, en un proceso en el que la SEPI requería la participación evaluadora tanto de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea como de la Dirección General de Aviación Civil, ambos organismos dependientes de ese ministerio.
Cómo Plus Ultra sorteó los requisitos de elegibilidad
Uno de los hallazgos más relevantes del informe afecta directamente al cumplimiento de los criterios establecidos por el FASEE para acceder a las ayudas. La UDEF constata que el 20 de agosto de 2020, Plus Ultra obtuvo un certificado de estar al corriente de sus obligaciones con la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), requisito de elegibilidad imprescindible para recibir el rescate. Sin embargo, los investigadores subrayan que, a tenor de un requerimiento judicial posterior a la propia TGSS, la aerolínea ostentaba deuda en ese momento con dicho organismo, aunque el informe no especifica la cuantía exacta. El mecanismo concreto por el que se obtuvo ese certificado no se desarrolla en el documento, pero la contradicción entre lo certificado y la realidad financiera de la compañía abre una línea de investigación de especial gravedad.
A esa anomalía se suman las "maniobras engañosas" que los investigadores detectan en las comunicaciones de los directivos con la SEPI. El director financiero de Plus Ultra, Roberto Roselli Miele, explicó en un audio intervenido cómo iba a responder a los requerimientos del organismo sobre las garantías y los préstamos de la sociedad Panacorp: "Estamos redactando unos documentos, un poco más de maquillaje". Además, el contrato suscrito el 19 de enero de 2021 entre Plus Ultra e Idella Consulenza Stratégica —sociedad de Martínez Martínez—, con una remuneración del 1% más IVA del importe aprobado, equivalente a unos 641.300 euros, fue deliberadamente ocultado por los directivos tanto a otros accionistas de la compañía como, según se deduce del informe, a los propios órganos evaluadores.
Una estructura de pagos encubiertos bajo contratos de asesoramiento
Los pagos a la red de influencias quedaron formalizados mediante contratos de asesoramiento que la UDEF interpreta como cobertura legal para lo que los propios investigados denominaban "mordidas". El primero de ellos, suscrito el 30 de julio de 2020 entre la sociedad Análisis Relevante —también vinculada a Martínez Martínez— y Plus Ultra, estipulaba 5.000 euros mensuales durante 12 meses, lo que supone un total de 72.600 euros con IVA. El primer pago conocido se ejecutó el 5 de noviembre de 2020. Un contrato posterior, firmado el 1 de abril de 2021 entre Análisis Relevante y la sociedad Corpoestructura, ligada a Reyes Rojas, elevó la remuneración a 10.000 euros mensuales durante 40 meses, alcanzando los 484.000 euros más IVA.
Las conversaciones capturadas no dejan margen a la ambigüedad sobre la naturaleza real de esos pagos. En mayo de 2020, cuando se discutía si la red de Zapatero movería el expediente en la SEPI, Reyes Rojas señalaba sin rodeos: "Ellos cobran si se mueven". Roselli, al referirse a los futuros cobros de Martínez Martínez, hablaba abiertamente de que "ya por vendrá la mordida". El propio Julio Martínez Sola, vicepresidente de Plus Ultra, había anticipado que si había que pagar para obtener acceso a Zapatero, el fin justificaba los medios: "Como dice un amigo, vamos a follar aunque tengamos que pagar un poquitín".
El informe, que identifica posibles indicios de tráfico de influencias, corrupción, fraude contra las arcas públicas y blanqueo de capitales, fue elaborado en el marco de una investigación conjunta con el HSI estadounidense que apunta a una organización criminal transnacional. Corresponde ahora a la instrucción judicial, y no al informe policial, calificar jurídicamente los hechos y determinar el alcance de las responsabilidades individuales.
