El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, compareció este martes en el Congreso con la promesa de “máxima transparencia” tras los accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona), aunque su intervención dejó más preguntas abiertas que respuestas cerradas sobre el estado real del sistema ferroviario español.
Puente defendió la actuación del Ministerio tras el siniestro de Adamuz, asegurando que la circulación se interrumpió de forma automática y que desde el primer momento se tuvo constancia de los trenes implicados. Un relato centrado en los procedimientos que, sin embargo, no disipó las dudas de los grupos parlamentarios sobre si los accidentes responden a fallos puntuales o a problemas más profundos en la red.
Clima, herencias y falta de autocrítica
A lo largo de la sesión, el ministro volvió a señalar a la climatología adversa y al déficit inversor de gobiernos anteriores como factores determinantes de las incidencias ferroviarias. Un argumento que fue cuestionado no solo por la oposición, sino también por formaciones que habitualmente apoyan al Ejecutivo, al considerar insuficiente explicar los fallos actuales recurriendo de nuevo al pasado o a causas externas.
Varios portavoces reclamaron un análisis más claro sobre el mantenimiento de las infraestructuras, advirtiendo de que la acumulación de averías, retrasos y suspensiones del servicio apunta a un deterioro que va más allá de episodios excepcionales.
Rodalies, el síntoma más visible
La situación de Rodalies volvió a convertirse en el principal foco de desgaste para el Gobierno. Puente pidió disculpas a los usuarios y reconoció que el servicio no responde a las necesidades de la ciudadanía, al tiempo que defendió las inversiones previstas en el Plan de Rodalies 2020-2030.
No obstante, en el debate parlamentario se insistió en que la reiteración de disculpas contrasta con la persistencia de los problemas y que los anuncios millonarios no se están traduciendo en una mejora perceptible para los usuarios, que siguen afrontando retrasos, interrupciones y falta de información.
Transparencia prometida, responsabilidades pendientes
El ministro reiteró su disposición a colaborar con las investigaciones técnicas y judiciales abiertas, pero evitó avanzar posibles responsabilidades políticas a la espera de los informes definitivos. Una posición que fue recibida con escepticismo por parte de varios grupos, que reclamaron hechos concretos y no solo compromisos de transparencia.
La comparecencia concluyó sin medidas inmediatas ni plazos claros para la normalización del servicio, reforzando la sensación de que, más allá del discurso oficial, el diagnóstico sobre el estado del ferrocarril sigue sin afrontarse de forma directa en el Congreso.
