El Congreso debatirá este martes dos iniciativas impulsadas por Junts que buscan modificar la concesión de permisos de paternidad para temporeros migrantes e imponer la obligatoriedad de la atención al cliente en empresas de gran tamaño en catalán.
Por un lado, Junts ha registrado una proposición no de ley para endurecer los requisitos de los permisos de paternidad de trabajadores migrantes ante posibles fraudes. La formación argumenta que se ha detectado un aumento significativo de solicitudes de prestaciones por paternidad en sectores como agricultura y construcción, algunas de las cuales podrían estar motivadas por documentación irregular o difícilmente verificable, como certificados emitidos en el extranjero con letra ilegible. El diputado Isidre Gavín ha señalado además que ciertos temporeros habrían solicitado varios permisos alegando poligamia en sus países de origen, mientras trabajaban de manera irregular por otro lado.
Junts propone modificar el artículo 30.2 del Real Decreto de 2009 para exigir certificados oficiales emitidos y validados por consulados españoles, con el fin de garantizar la legalidad y veracidad de las solicitudes. Sin embargo, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, respondió que la cifra de sancionados en Cataluña por estos supuestos fraudes es de apenas 22 personas, catalogada como anecdótica, y que la normativa actual ya incluye mecanismos para prevenir y sancionar posibles irregularidades sin necesidad de introducir nuevos requisitos.
Por otro lado, Junts también impulsa una reforma que obligaría a grandes empresas, con más de 250 trabajadores, 50 millones de facturación o que presten servicios de interés general, a ofrecer atención al cliente en todas las lenguas cooficiales del Estado allí donde estas tengan oficialidad, independientemente de su ubicación, como es el caso del catalán. La medida, aún en negociación con el Gobierno, pretende garantizar que los clientes sean atendidos en catalán, gallego o euskera si así lo desean, tanto de manera oral como escrita, y que tengan contacto con personas y no solo máquinas.
El proyecto incluye además otras medidas de protección al consumidor: prohibición de llamadas comerciales no consentidas (‘spam’), nulidad de contratos cerrados por teléfono sin autorización, renovación de consentimiento cada dos años, aviso previo de 15 días para renovaciones automáticas de servicios online, facilidades para la baja voluntaria y limitación de reseñas falsas o precios engañosos en la venta de entradas y billetes online.
La ponencia de la Comisión de Derechos Sociales se reunirá este martes para analizar 234 enmiendas registradas, incluidas varias de Junts, antes de remitir el proyecto a la Comisión y posteriormente al Pleno y al Senado.
