El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz investiga una presunta trama creada para “desestabilizar de forma sistemática y continuada” las causas judiciales que afectan al PSOE y al Gobierno. Según el auto, el punto de inflexión de esa actividad se habría producido durante el periodo de reflexión que Pedro Sánchez se tomó en abril de 2024, tras la imputación de su esposa, Begoña Gómez.
El magistrado sitúa ese momento clave en los días posteriores a la publicación de la conocida como ‘Carta a la Ciudadanía’, en la que el presidente del Gobierno anunció que se daba unos días para decidir sobre su continuidad. En concreto, el auto señala una reunión celebrada el 26 de abril en la sede del PSOE en la calle Ferraz, convocada, según el juez, por Santos Cerdán.
Una reunión en Ferraz como “punto de inflexión”
A esa reunión asistieron, entre otros, Leire Díez, el empresario Javier Pérez Dolset, el entonces responsable de comunicación Ion Antolín y Juan Manuel Serrano. Pedraz recoge en su resolución un mensaje intervenido de Díez a Vicente Fernández, expresidente de la SEPI, en el que afirmaba: “Me voy de urgencia a Madrid. Me ha mandado Santos ir. Tenemos información que ayudaría al presidente”.
El juez considera que esa reunión marcó un antes y un después en la actividad investigada. A partir de ese momento, siempre según el auto, el grupo liderado por Cerdán y coordinado por Díez habría tenido como objetivo proteger los intereses del PSOE y del Gobierno ante la apertura de procedimientos judiciales que afectaban al partido o al entorno del presidente.
Pedraz atribuye a Cerdán un “papel superior” en la presunta trama. Según el magistrado, el entonces secretario de Organización del PSOE habría encargado a Leire Díez la coordinación y ejecución de una serie de actuaciones que considera penalmente relevantes.
Financiación y logística con cargo al PSOE
El auto sostiene que existen “serios indicios incriminatorios” de que, a través de Cerdán, la actividad investigada se habría soportado con cargo al PSOE, tanto desde el punto de vista de la financiación como de la logística.
El juez también pone el foco en supuestos pagos realizados a través de sociedades de los investigados y con la presunta participación de Ana María Fuentes, gerente de la Secretaría de Organización del PSOE. Según la resolución, se habrían elaborado facturas falsas para permitir la transferencia de fondos con destino a Leire Díez.
Pedraz señala además que Díez habría contado con el impulso y el soporte intelectual y/o financiero de Cerdán, que habría acordado remunerarla con 4.000 euros mensuales con cargo a los fondos del partido.
Pagos a cambio de información
La investigación también apunta a que la presunta trama habría ofrecido remuneraciones a funcionarios de la Guardia Civil, investigados y fiscales a cambio de información o de actuaciones contrarias al ejercicio de sus cargos.
Según el auto, la finalidad habría sido atacar la correcta dirección de distintas investigaciones judiciales. Pedraz menciona, entre otros ejemplos, las denuncias contra la magistrada que instruye la causa en la que está acusado David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, así como contra la Fiscalía Anticorrupción o la UCO.
El magistrado incluye también dentro de ese contexto las actuaciones dirigidas contra el juez Juan Carlos Peinado, instructor de la causa abierta contra Begoña Gómez.
Zarrías y otras sociedades investigadas
El juez atribuye a Gaspar Zarrías la puesta a disposición de su sociedad como vehículo para realizar esos pagos desde su asesoría. También apunta al letrado Ismael Oliver, que habría utilizado sus sociedades para canalizar parte de las operaciones investigadas.
Según la resolución, los hechos se remontan a los primeros meses de 2024. Pedraz sostiene además que Cerdán y Díez mantenían una relación previa y los vincula con otra presunta trama relacionada con irregularidades en contratos de la SEPI, en la que habrían aprovechado sus capacidades para orientar procedimientos administrativos y obtener rédito económico.
