El Gobierno de España ha presentado un requerimiento al Ayuntamiento de Jumilla para que anule la moción que insta al Gobierno local a prohibir en sus instalaciones deportivas cualquier tipo de actividad ajena a las mismas, al considerar que atenta contra la libertad religiosa.
El requerimiento presentado por el Ejecutivo central apunta que el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento de Jumilla "infringe el ordenamiento jurídico, en concreto el derecho a la libertad religiosa, reconocido en el artículo 16 de la Constitución Española".
El documento precisa que, con la aprobación de la iniciativa, se "vulnera además el principio de neutralidad de los poderes públicos en materia religiosa, al tiempo que hace referencia a la exigencia de motivación suficiente en la restricción del uso de espacios públicos conforme a la normativa estatal".
El requerimiento precisa que la competencia del Ayuntamiento para regular los espacios municipales no le autoriza a hacerlo "prescindiendo de los límites constitucionales que le impone el respeto del derecho fundamental de libertad religiosa".
En este sentido, hace alusión al artículo 16.1 de la Constitución, que garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley.
A este respecto, detalla que "la neutralidad institucional en cuanto a la religión impide que las Administraciones puedan inmiscuirse en debates estrictamente dogmáticos o de moral religiosa, debiendo conciliar los intereses de diversos grupos y garantizar el respeto de todas creencias".
La delegada del Gobierno de España en la Región de Murcia, Mariola Guevara, ha vuelto a insistir este lunes que esta moción aprobada en Jumilla es "inconstitucional" y que el Ayuntamiento tiene un mes de plazo para "contestar" la Ejecutivo nacional. Guevara asegura que si el Consistorio jumillano no retira esta norma, el Ejecutivo central iniciará los trámites para presentar un contencioso administrativo por la vía penal.
