La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha aprobado este martes, con 23 votos a favor, cuatro en contra y dos abstenciones, el informe sobre la degradación ambiental del Mar Menor y su entorno redactado a raíz de la visita que efectuó el pasado febrero a la Región de Murcia una delegación de eurodiputados, a petición de organizaciones ecologistas y plataformas vecinales.
El informe, que señala la contaminación por nitratos como causa del deterioro de la laguna, se debatió el pasado 8 de septiembre en el seno de la citada comisión, que preside la eurodiputada del PP Dolors Montserrat, y este martes ha sido aprobado definitivamente tras la votación del centenar de enmiendas presentadas por los distintos partidos.
Con la presentación el 8 de septiembre pasado del borrador, se abrió hasta el 25 de septiembre el periodo de negociación de las enmiendas presentadas por los grupos, entre ellas 21 del Partido Socialista y otras 25 del colectivo SOS Mar Menor e Izquierda Unida, críticos estos últimos con las "contradicciones" del texto de los eurodiputados por plantear la renaturalización del paisaje, la recuperación de humedales y la limitación a la extensión de la agricultura, entre otras medidas.
Asimismo, desde IU reclamaban que el informe no fuera "ambiguo" en el señalamiento de las responsabilidades y reprochaban que no fuera "del todo contundente con la exigencia de cumplimiento de la legislación que protege al Mar Menor".
El texto al que ha dado luz verde la Eurocámara no responsabiliza al Gobierno de Murcia de la situación en la que se encuentra el Mar Menor al haber sido rechazada una enmienda en ese sentido presentada por Izquierda Unida.
Al término de la votación, la eurodiputada de ese grupo Sira Rego ha considerado el texto final "decepcionante" tras no haber logrado incluir la responsabilidad política del Gobierno murciano "a pesar de haber una ingente cantidad de normativa y legislación que evidentemente no se ha aplicado" y tampoco la cuestión del "ecocidio" para definir la situación en la que se encuentra el entorno del Mar Menor. Esta enmienda, dijo la diputada de IU, no ha contado con el apoyo del PSOE.
Dicha enmienda señalaba al Ministerio de Agricultura del Gobierno central, aunque acusaba de inacción "en particular" al Ejecutivo regional. Igualmente, pedía calificar la situación en la albufera de agua salada de "ecocidio", a la luz de "la gravedad y persistencia del daño ambiental", haciendo propio el término que emplearon los funcionarios de la Comisión Europea que han estudiado este caso.
"El informe señala que hay un problema en el Mar Menor, pero no acaba de resolver cuáles son las vías para solucionarlo y, sobre todo, no acaba de asignar responsabilidades a lo sucedido. Vamos a tener siempre la preocupación en la agenda, pero nunca la toma en consideración de acciones concretas o de posiciones un poco más contundentes", lamentó Rego.
Por su parte, el eurodiputado socialista murciano Marcos Ros ha recalcado en declaraciones a la agencia EFE que, pese a que su grupo no haya aprobado la enmienda de IU, sí que ha propuesto una alternativa -que sí ha prosperado- que exige al Gobierno de Murcia que "desarrolle y aplique la ley del Mar Menor", aprobada hace más de dos años. Ros ha incidido en el "tono constructivo" de la enmienda y ha considerado que se trata de un texto completo y "exigente" hacia el gobierno autonómico en áreas como impedir y controlar los fondeos inadecuados de embarcaciones que dañen el fondo marino.
La eurodiputada Tatjana Zdanoka, presidenta de la misión institucional que visitó el Mar Menor para conocer el enclave y entrevistarse con ecologistas, vecinos y autoridades locales, regionales y nacionales, defendió en septiembre en la presentación del borrador que la laguna salada "requiere de una respuesta coordinada" de todas las administraciones, y este martes, en su breve intervención antes de la votación, se ha felicitado por el trabajo desarrollado estos meses y por el hecho de que el informe haya provocado "que se vaya en muy buena dirección".
QUE LA COMISIÓN EUROPEA ACTÚE
Tras señalar la necesidad de que la Comisión Europea actúe en lo que respecta al cumplimiento o incumplimiento de la legislación medioambiental de la UE, utilizando todas las herramientas a su disposición, el texto pide que se blinde la personalidad jurídica del Mar Menor y de esta forma desarrollar la iniciativa legislativa popular aprobada por el Senado español, un paso pionero en Europa para dotar de derechos a los espacios y hábitats naturales.
El informe contempla que se aplique el principio de que 'quien contamina paga', como proponía el PSOE, para que no sean los ciudadanos de a pie los que costeen la recuperación del entorno que "han contaminado unos pocos" y pide prevenir y controlar los inadecuados fondeos de embarcaciones que dañen el fondo del mar.
Otras medidas sugeridas son la auditoría de las plantas y sistemas de tratamiento de aguas residuales de todos los ayuntamientos que vierten al Mar Menor, la posibilidad de reducir la cantidad de agua del acuífero para equilibrarlo con el nivel del Mar Menor y que se aumente el intercambio de aguas con el Mediterráneo y extraer los lodos del fondo de la laguna salada.
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LA FISCALÍA PIDE ARCHIVAR SU PROPIA DENUNCIA
Por otro lado, y tal y como publica Alicia Negre en el diario La Verdad, la Fiscalía de la Región ha solicitado el archivo de la denuncia que este mismo organismo presentó en la primavera de 2016 por las inundaciones ocurridas en la zona sur del Mar Menor desde 2011 a 2015 y su supuesta afectación a la laguna.
En aquel momento, se querelló contra 17 empresas y pidió la imputación de un ex alto cargo de la CARM por la transformación de terrenos rústicos para regadío y por la construcción ilegal de canales de desagüe al Mar Menor. Esas canalizaciones, según la denuncia, presentaban indicios de poder ser las causantes de delitos medioambientales, al conducir las aguas de las riadas al Mar Menor.
Ahora, y según recoge el diario, "no ha sido posible atribuir hechos concretos (...) a personas determinadas" y remarca que la investigación "no ha arrojado dato concreto que permita consignar que, por las roturaciones y la existencia de esas canalizaciones, se haya puesto en riesgo el Mar Menor".
