La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha reafirmado en Murcia que la política migratoria en España se rige por la Ley de Extranjería. Esta declaración surge en respuesta a la propuesta de Junts per Catalunya de establecer el catalán como requisito obligatorio para quienes soliciten el permiso de residencia en dicha comunidad.
Saiz enfatizó que, aunque las comunidades autónomas con lenguas cooficiales utilizan el idioma como herramienta de inclusión, la normativa vigente en materia lingüística y la Ley de Extranjería son las que se aplican en todo el territorio nacional. Además, defendió que la delegación de competencias en inmigración, acordada entre el PSOE y Junts, está respaldada por el artículo 150.2 de la Constitución, garantizando su aplicación conforme a la Carta Magna.
Respecto a la postura de Podemos, que condiciona su apoyo a la regularización de medio millón de migrantes, Saiz mencionó la existencia de una Iniciativa Legislativa Popular en trámite y destacó la figura del arraigo en el reglamento de extranjería, que podría regularizar a alrededor de un millón de personas en los próximos tres años. Asimismo, expresó su preocupación por la moción aprobada en la Asamblea Regional de Murcia, impulsada por Vox y apoyada por el PP, que busca devolver a los menores extranjeros no acompañados a sus países de origen, calificándola de xenófoba y contraria a los Derechos Humanos.
La ministra también criticó la falta de apoyo de comunidades gobernadas por el PP a medidas financieras propuestas por el Gobierno central destinadas a mejorar la capacidad de acogida de inmigrantes.
La reciente propuesta de Junts per Catalunya de establecer el catalán como requisito obligatorio para la obtención del permiso de residencia en Cataluña ha generado un debate significativo en el ámbito político y social. La ministra Elma Saiz ha subrayado que, aunque las lenguas cooficiales son herramientas importantes para la inclusión, la Ley de Extranjería es la normativa que rige la política migratoria en todo el país. Esta postura destaca la importancia de mantener una coherencia legal en materia de inmigración, garantizando que las políticas lingüísticas regionales no entren en conflicto con la legislación nacional.
Por otro lado, el acuerdo entre el PSOE y Junts para delegar ciertas competencias de inmigración a la Generalitat de Cataluña ha suscitado diversas reacciones. Mientras que desde el Gobierno se asegura que esta delegación se realizará dentro del marco constitucional, partidos como Podemos han manifestado su rechazo al acuerdo, argumentando que podría dar lugar a políticas migratorias más restrictivas en Cataluña. Ione Belarra, secretaria de organización de Podemos, ha calificado a Junts como un "partido antiinmigración" y ha expresado su preocupación por la posible descentralización de políticas que podrían vulnerar derechos humanos.
Además, la moción aprobada en la Asamblea Regional de Murcia para devolver a los menores extranjeros no acompañados a sus países de origen ha sido objeto de críticas por parte de la ministra Saiz, quien la considera una medida xenófoba y contraria a los Derechos Humanos. Esta situación refleja las tensiones existentes en distintas comunidades autónomas respecto a la gestión de la inmigración y la protección de los menores migrantes.
