La regulación masiva que estudia el Gobierno beneficiaría en la Región a más de 30.000 migrantes que actualmente se encuentran en situación irregular. En toda España, la cifra rebasaría el medio millón.
La regularización tendría aspectos positivos más allá del social: también económico, ya que estos nuevos ciudadanos podrían aportar al PIB y pagar impuestos.
