La UCO ha registrado este jueves la sede de Tubos Reunidos, la empresa vasca que recibió un rescate público de 112,8 millones de euros concedido por la SEPI y que ahora aparece bajo la lupa de la Audiencia Nacional dentro del ‘caso Leire Díez’.
Los agentes de la Guardia Civil han acudido a la sede de la compañía en Bilbao y a una planta situada en Amurrio, en Álava, por orden del juez Santiago Pedraz. El objetivo de las diligencias es buscar documentación sobre la posible conexión entre fondos procedentes de ese rescate público y la trama que investiga la Audiencia Nacional. No está previsto que se practiquen detenciones.
La SEPI también recibe un requerimiento de información
Además del registro en Tubos Reunidos, la UCO también tiene orden de requerir información a la SEPI, el organismo público que concedió la ayuda millonaria a la compañía.
La empresa está colaborando con los investigadores. En la sede de Bilbao permanecen varios agentes, aunque desde el exterior no se aprecia un dispositivo visible de la Guardia Civil.
El rescate millonario, pieza clave de la investigación
Tubos Reunidos fue una de las empresas señaladas tras la detención de la exmilitante socialista Leire Díez, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández y el empresario Antxon Alonso, administrador de Servinabar y próximo a Santos Cerdán.
La Audiencia Nacional investiga presuntos amaños en contratos de la SEPI supuestamente impulsados por Díez, Fernández y Alonso. Según las pesquisas, los tres habrían formado un grupo de WhatsApp llamado ‘Hirurok’ para tratar de conseguir decisiones favorables a sus intereses en varias licitaciones.
Una de esas operaciones sería precisamente el rescate de 112,8 millones de euros concedido por la SEPI a Tubos Reunidos. La investigación apunta a una presunta intermediación para facilitar la ayuda, por la que se habrían percibido 114.950 euros mediante facturación aparentemente falsa emitida por Mediaciones Martínez.
