La proposición de ley de amnistía para los encausados del procés ha pasado este martes su primer filtro en el pleno del Congreso al ser respaldada por una mayoría de 178 diputados por lo que continuará su tramitación parlamentaria para recibir enmiendas a la totalidad y parciales.
Pese a que el PP había solicitado la votación por llamamiento para obligar a los diputados socialistas a decir su voto de viva voz, ningún parlamentario del PSOE se ha salido del guion y todos han respaldado la proposición de ley que beneficiará a unos 300 encausados por el procés desde el 1 de enero de 2012 al 13 de noviembre de 2023.
A los votos del PSOE se han añadido los de Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNV, Podemos y BNG mientras que en frente se han situado los 172 votos negativos del PP, Vox, UPN y CC.
La toma en consideración de la proposición hace que la ley siga adelante aunque no se prevé que la norma salga aprobada del Congreso antes de finales de enero.
Los grupos parlamentarios tendrán que registrar enmiendas y todavía queda el debate en el pleno de las iniciativas a la totalidad que previsiblemente presentarán los partidos que hoy han rechazado la ley.
Un debate con guion establecido
El debate de la ley de la amnistía ha seguido un guión ya conocido de antemano: Alberto Núñez Feijóo ha liderado el rechazo a la ley, que considera inconstitucional, “corrupción”, un “fraude electoral” y un “pago” al independentismo catalán y ha reprochado la ausencia de Pedro Sánchez, que viaja al Parlamento Europeo para clausurar la presidencia española del Consejo de la Unión Europea.
Como novedad, Feijóo ha anunciado una comisión de investigación en el Senado sobre el mediador si no recibe las explicaciones oportunas. En frente, el portavoz del PSOE Patxi López le ha acusado de desplegar un “catálogo de insultos” que alguien puede usar “como justificación para acciones violentas”.
Polémica con las declaraciones de Abascal (Vox)
Porque sobre el debate han planeado las declaraciones del líder de Vox, Santiago Abascal, al diario argentino Clarín sobre que el pueblo querrá “colgar” a Pedro Sánchez “de los pies” y que el PSOE denunciará ante la Fiscalía General del Estado al entender que pueden constituir un delito de odio.
El líder de Vox, protagonista de la polémica, ha criticado tanto al jefe del Ejecutivo, a quien ha deseado un “juicio justo” cuando el pueblo se canse de quienes “traicionan” a España, como al PP, al que acusa de sumarse a su “linchamiento” y de unirse a la “política ‘woke’ de la cancelación.
Más allá de este intercambio de reproches, los socios del Gobierno han respaldado la normativa al entender que permite acabar con un ciclo dramático y desjudicializar el conflicto catalán.
La única excepción fue Coalición Canaria, que ya avisó en la investidura que se opondría a la amnistía al considerarla un instrumento de división y crispación que solo persigue la continuidad de Sánchez en la Moncloa.
