Sumar ha planteado al PSOE recuperar en el decreto anticrisis la prórroga automática de los contratos de alquiler para evitar incrementos para los inquilinos, fijar un límite de subida del 3% de la renta, como ya se pauta en la Ley de Vivienda, establecer la concesión de determinadas ayudas sociales de forma automática y mantener los impuestos extraordinarios a la banca y las eléctricas.
Asimismo, ha pedido que se mantenga la rebaja del IVA del 5% a la luz y a determinados "alimentos", cuya eficacia llegó a cuestionar en su día la propia líder Yolanda Díaz, aumentar las pensiones no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital un 7% y recuperar el impuesto especial a la electricidad del 5% a las empresas, manteniendo el tipo del 0,5% para las familias.
También ha propuesto a su socio de coalición fijar ya la obligatoria portabillidad de las hipotecas, de cara a tratar de favorecer una reducción de tipos de interés con una iniciativa que ya viene marcada en el pacto de coalición entre ambas formaciones.
Así lo ha trasladado en rueda de prensa el diputado y referente económico de Sumar en el Congreso, Carlos Martín, junto al portavoz de la formación, Ernest Urtasun, para informar de las medidas que han propuesto al PSOE para renovar el decreto anticrisis, cuya vigencia expira en diciembre.
A su vez, Urtasun ha advertido al PSOE de que es "profundamente equivocado" pactar con el PP la ampliación del Puerto de Valencia, infraestructura que va en contra de los compromisos adquiridos por España a nivel internacional, y reiterar el rechazo claro del socio minoritario del Ejecutivo a esa medida.
En este sentido, fuentes de Sumar remarcan que en este asunto hay una "discrepancia pactada", conscientes de que en este punto mantienen posiciones irreconciliables en esta materia que impiden alcanzar un acuerdo.
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE ELECTRICIDAD DEL 5% A EMPRESAS
Tras indicar que esperan reunirse en breve con el PSOE para tratar el contenido del futuro decreto, confiado en que se alcanzará un acuerdo, Martín ha desgranado que Sumar quiere mantener el crecimiento de la tarifa del último recurso en el gas y la bombona de butano, así como mantener las ayudas al transporte público al ser una medida de gran relevancia medioambiental.
También ha desgranado que quieren recuperar el impuesto especial sobre la electricidad en dos tramos, con una base del 0,5% para los hogares y establecer de nuevo un tipo del 5,11% para las empresas. "De lo que se trata aquí es de tener una menor fiscalidad para aquellos que consumen menos energía y tener una fiscalidad más alta para las empresas que son más energívoros", ha desgranado.
Como viene demandado la vicepresidenta segunda, el diputado de Sumar ha insistido en que se debe mantener el gravamen extraordinario a la banca y las energéticas, dado que está además acordado con el PSOE en el pacto de gobierno de coalición y persistir en 2023 beneficios extraordinarios muy superiores a los que había antes de la pandemia.
Desde Sumar están convencidos de que al final imperará su posición y que ambos tributos permanecerán pese a la revisión que plantean desde el ala socialista mediante el Ministerio de Economía, dado que la norma aprobada en su día en el Congreso fija las características del gravamen para el año 2023 y 2024 y fue respaldada por fuerzas progresistas.
En este sentido, apuntan que para reformular el impuesto los socialistas entrarían en un escenario improbable de tener que recurrir al arco parlamentario de la derecha, es decir al PP, para tratar de hacer un cambio normativo. Así, el panorama que habrá que analizar es cuando expire el plazo de vigencia del impuesto, que Sumar desea que tenga carácter permanente.
LOS RENTISTAS DEBEN "ARRIMAR EL HOMBRO"
También aspiran a que los rentistas "arrimen el hombro", para lo cual Sumar pide al PSOE mantener la prohibición de desahucios y retomar la prórroga de los contratos de alquiler que los socialistas decidieron retirar contra su opinión. A su vez, demanda fijar un tope a la subida de alquileres del 3%, margen similar al crecimiento de salarios que se viene abordando en la negociación colectiva entre agentes sociales. Martín ha remarcado que ese límite viene pautado en la Ley de Vivienda y ven consonancia en que venga reflejado además en el decreto anticrisis.
En materia social pide que se dé un "cambio de paradigma" y se acuerde la concesión de diversas ayudas sin necesidad de solicitarlas, en función de la información de la que dispone la administración y que supondría un "salto cualitativo" en el Ingreso Mínimo, el bono social eléctrico y el térmico.
También demanda que el ingreso mínimo y las pensiones no contributivas suban un 7% y retomar el impuesto sobre el valor de la producción eléctrica que paga el propio sector con la imposibilidad e que repercuta en la factura del cliente. Sobre el gravamen al gasóleo, se abren a analizar que se aplique cierta gradualidad.
