El Tribunal Supremo ha desestimado el recurso interpuesto por el Gobierno de la Región de Murcia contra el Real Decreto 35/2023, de 24 de enero, que aprueba la revisión de los planes hidrológicos de varias demarcaciones, entre ellas la del Tajo. La decisión supone un nuevo revés judicial para el Ejecutivo murciano en su defensa del Trasvase Tajo-Segura, ya que el alto tribunal respalda la subida de los caudales ecológicos en el Alto Tajo y, con ello, el recorte progresivo del envío de agua al Levante.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo rechaza el recurso contencioso-administrativo presentado por la Comunidad el 5 de abril de 2023, y confirma la validez del decreto estatal que eleva gradualmente los caudales ecológicos del río Tajo de 6 a 8,4 metros cúbicos por segundo en el horizonte de 2027. Este incremento implicará, según los cálculos de los regantes, una reducción de casi 100 hectómetros cúbicos anuales del agua transferida al Segura, lo que podría suponer un 45-50 % menos de aportación media respecto a la actual.
La sentencia, además, condena al Ejecutivo regional al pago de las costas y sostiene que el ámbito del estudio ambiental estratégico del Tajo debe limitarse a su propia cuenca, “sin tener que evaluar posibles impactos en las cuencas cesionarias del Acueducto Tajo-Segura”. El Supremo recuerda que los caudales ecológicos “no son un uso del agua, sino una condición previa que vincula a todo el sistema de explotación”.
El fallo del alto tribunal (que sigue la misma línea de las resoluciones previas sobre los recursos de Madrid y de la Comunidad Valenciana) podría desbloquear la aprobación de las nuevas reglas de explotación del Trasvase, ya que el Ministerio para la Transición Ecológica había condicionado ese paso a la resolución del recurso murciano.
