El Ejecutivo murciano y la Diputación de Almería han firmado un acuerdo este lunes por el que ambas instituciones establecen una estrategia única de defensa "frente al recorte del 50% del trasvase Tajo-Segura acordado por el Consejo Nacional del Agua". El objetivo es "presentar cuantas acciones judiciales sean necesarias para frenar el objetivo del Gobierno de España de recortar un 50% el trasvase Tajo-Segura", según ha hecho saber el presidente del Gobierno murciano, Fernando López Miras, en una rueda de prensa en la que ha comparecido acompañado por el presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón.
En concreto, Mazón y López Miras han comparecido tras mantener una reunión en el Palacio de San Esteban (sede del Ejecutivo murciano), a raíz de las últimas decisiones impulsadas por el Gobierno de España y su presidente, Pedro Sánchez. Así, ambos se han comprometido a emprender de forma conjunta "todas las acciones administrativas y judiciales" que puedan llevar a cabo para defender el trasvase "con uñas y dientes" y "frenar una tropelía que perjudica los intereses de todo el Levante español".
ALEGACIONES AL CONSEJO DE ESTADO
De hecho, ya están trabajando para presentar las "alegaciones oportunas" al Consejo de Estado sobre la decisión adoptada por el Consejo Nacional del Agua la semana pasada. "Ya roza límites insoportables", según López Miras, quien ha lamentado que la propuesta del Consejo Nacional del Agua "supone un recorte del 50% del trasvase Tajo-Segura". "Directamente, tenemos que decirles que la Región de Murcia no puede subsistir con un recorte del 50% del trasvase; y me costaría mucho entender que España también pueda subsistir sin ese 50%", ha aseverado.
López Miras ha insistido que "estamos trabajando ya para presentar alegaciones ante el Consejo de Estado", ya que la decisión del Consejo Nacional de Agua llega ahora a este órgano consultivo, antes de ser abordada por el Consejo de ministros. En esas alegaciones, uno de los argumentos que se utilizarán es que "el recorte no se basa en ningún criterio técnico ni científico", ha criticado López Miras.
Estas alegaciones parten de que la decisión del Consejo Nacional del Agua "es reversible, y la puede revertir Pedro Sánchez y su Gobierno tomando una decisión diferente en el Consejo de ministros". Por eso, "vamos a presentar informes al Consejo de Estado que van a avalar desde el punto de vista técnico, científico y jurídico cómo es posible revertir esta situación", ha aseverado.
Sí, a pesar de estas alegaciones, el Consejo de Ministros decide "recortar el trasvase Tajo-Segura al 50%", López Miras ha advertido que acudirán a todas las instancias judiciales que tengan a su alcance.
PONE EN VALOR EL TRASVASE
Ha recordado que el trasvase "está regando el 70% de las frutas y hortalizas que exporta España; propicia productos cuya exportación suponen para el país más de 20.000 millones de euros; genera 300.000 puestos de trabajo; y está regando 55 millones de árboles, que están luchando contra la desertificación y el cambio climático porque puede ser el sumidero de CO2 equivalente a una población de 300.000 personas".
Por tanto, ha puesto en valor que es una infraestructura "esencial" para el Levante español y para "todo el país". En consecuencia, considera "inexplicable cómo se puede tomar una decisión de esta trascendencia con ningún informe técnico o científico que lo avale".
En concreto, ha señalado que el Gobierno central no ha aportado "ni un solo informe técnico o científico que avale que subir los caudales ecológicos conlleva un beneficio directo sobre el estado medioambiental del Tajo". "¿Por qué 8,6 hm3 por segundo y no 10 o 12?", se pregunta López Miras.
"La única conclusión posible es que esta decisión se basa en criterios políticos y partidistas", según el presidente murciano. Ha afirmado que "nadie cuestiona que todos los españoles tengan acceso a la luz en sus hogares, independientemente de dónde se produzca esa energía; y nadie cuestiona que haya un oleiducto desde Cartagena que lleva cada día productos derivados del petróleo a Puertollano y, desde allí, se reparta al resto del país".
Por tanto, ha señalado que solo se cuestiona "el agua" y "solo un trasvase de los más de 40 que tiene España, sin ningún tipo de justificación". A su juicio, el Gobierno de España tiene la "responsabilidad" de lograr la "planificación hidrológica del país y garantizar, como dice la Constitución, que los españoles tengan agua en las mismas condiciones".
"EL PSRM Y PUIG, CÓMPLICES EN EL RECORTE"
"Si tenemos un aliado fuera de nuestra tierra para luchar, defender y trabajar en beneficio de los intereses generales del millón y medio de murcianos, ese es Mazón", según López Miras. En este sentido, Mazón también se ha referido a López Miras como el "principal aliado" que tiene la Comunidad Valenciana y la provincia de Alicante. "Porque, desgraciadamente, no encontramos en la presidencia de la Generalitat el aliado que merece" la Comunidad Valenciana y Alicante.
El presidente de la Diputación se ha remitido a informes presentados por el catedrático y director del Instituto del Agua y de las Ciencias Ambientales de la Universidad de Alicante, Joaquín Melgarejo, que "acreditan que, efectivamente, hay una hoja de ruta política sin rigor que quiere acabar con el trasvase fuera de la solidaridad hídrica".
Por tanto, ha ensalzado la "unión estratégica", que se basa en que "se ha generado artificialmente una deuda del agua con Murcia y la Comunidad Valenciana y Almería" debido al "agua que se nos ha escamoteado y se han dejado de trasvasar todos estos años con el Gobierno del PSOE de Pedro Sánchez, sin justificación, de manera arbitraria y caprichosa".
Ha tasado esta "deuda del agua" en 590 millones de euros en términos de valor añadido bruto que "se han dejado de invertir y se han hurtado" a ambas comunidades. Y es que "no se nos ha trasvasado agua hasta 22 veces seguidas en tan solo cuatro años".
"Si analizamos lo que está por venir con un estudio técnico serio, la medida del Consejo Nacional del Agua puede suponer (de confirmarse) una merma de 15.000 empleos en nuestra zona y un déficit económico superior a los 5.700 millones de euros desde ahora hasta 2027", según el presidente de la diputación de Alicante.
Ha señalado que "solo la planta de Ford en Almussafes (Valencia) supone 13.000 puestos de trabajo", por lo que esta medida del Consejo Nacional del Agua podría equivaler a "la desaparición de esta factoría", lo que supondría "una hecatombe".
La hoja de ruta que pretende "acabar con el trasvase", según Mazón, ha "destapado" a "dos cómplices" del Gobierno central, como son el Ejecutivo de la Generalitat, Ximo Puig, y los socialistas murcianos, que se han convertido en "cómplices" de esta estrategia.
"No puede ser que el presidente Puig se abstenga ante uno de los mayores atropellos que perjudica, precisamente, a su tierra", según Mazón, quien ha mostrado su agradecimiento, por contra, a todos los gobiernos autonómicos del PP, tanto de Galicia, como de Castilla y León, Madrid, Andalucía y Murcia, que "han votado en bloque en contra de esta injusticia".
Para finalizar, Mazón ha señalado que los integrantes del pacto tienen los "brazos abiertos" a todos los que quieran ayudar.
Al ser preguntados por si echaban en falta la presencia en el acuerdo del presidente de la Junta, Juanma Moreno, el presidente del Gobierno murciano ha destacado que su homólogo andaluz "ha demostrado en numerosas ocasiones, públicamente, que es un aliado de esta causa" y que "forma frente común".
