El consejero de Agricultura, Antonio Luengo, pidió la reducción del impuesto por el valor añadido (IVA) del 10 al 5% en productos como los piensos y los fertilizantes en el transcurso del Consejo Consultivo para Asuntos Agrícolas, celebrado telemáticamente bajo la presidencia del ministro Luis Planas.
Luengo explicó que, respecto a la ayuda a los fertilizantes, "el Gobierno central adopta de nuevo medidas alejadas de la realidad productiva y perjudica seriamente al agro regional, al vincularla directamente a los productores con ayudas PAC en 2022". Los agricultores de la Región de Murcia, que históricamente no hayan recibido ayudas de la PAC, no tendrán derecho a la nueva ayuda a los fertilizantes. Precisamente, "serán los productores de los cultivos de regadío que más necesitan estas ayudas, los que no podrán percibirlas". "Esto evidencia la existencia de una superficie muy importante de cultivos que no han entrado en el sistema de las ayudas PAC como es el caso de las hortalizas y la mayoría de los frutos de hueso", aseguró Luengo.
Precisó el consejero que además del total de hectáreas de cultivo en la Región, 417.886, solo el 39%, 165.126 recibirían ayudas, de las cuales 110.000 hectáreas serían de secano y tan solo 55.126 de regadío. De ahí que hubiera sido más rentable una reducción del IVA de los fertilizantes del 10 al 5% a todos los productores.
"Una reducción que debe hacerse extensiva a los piensos para animales, al igual que ha propuesto el Gobierno francés, con lo que, de algún modo, supondría una compensación frente a la negativa a reducir el IVA de la carne, que seguimos reivindicando, para aliviar la difícil situación del sector provocada por la subida de los insumos", detalló Luengo.
El consejero también evidenció que hay productos a los que no se ha reducido el impuesto como carne, pescado, yogur, miel o conservas, a la vez que "la escasa incidencia de la rebaja del IVA de algunos alimentos por la aplicación en España, el único país de la Unión Europea donde esto ocurre, del impuesto al plástico, que supondrá un coste adicional a la industria alimentaria de 5.000 M€, poniendo en serio peligro la supervivencia de alrededor de 2.400 compañías y más de 25.000 empleos".
