Este lunes ha arrancado en la Audiencia Provincial de Murcia el juicio del caso ‘Novo Carthago’, con siete acusados (uno falleció en 2019) por la recalificación de terrenos protegidos junto al Mar Menor para la construcción de 10.000 viviendas que tuvo lugar en 2005. El proceso se prolongará en 20 sesiones, hasta el 11 de noviembre.
Entre los procesados figuran exaltos cargos del Gobierno regional en aquella fecha como los exconsejeros Antonio Cerdá (Medio Ambiente) y Joaquín Bascuñana (Obras Públicas), además de antiguos directores generales de Urbanismo, Calidad Ambiental y Turismo.
Se les imputan delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, falsedad documental y blanqueo. Las penas solicitadas oscilan entre multas y la inhabilitación de hasta 6 años y medio, además de 3 años y medio de prisión para Cerdá y 3 años y 3 meses para su asesora jurídica María Antonieta Fernández, que también afronta una acusación de blanqueo de 125.000 euros.
En la primera de las vistas, celebrada en la mañana de este lunes, las defensas de los acusados han solicitado la nulidad del proceso, una cuestión que ha sido rechazada por el fiscal anticorrupción Juan Pablo Lozano y por el letrado José Manuel Muñoz, que ejerce la acusación particular en representación de la Asociación Naturalista del Sureste (Anse).
Aurelio Llanes, abogado del exconsejero Antonio Cerdá, ha solicitado la nulidad respecto de su cliente al considerar que el delito que se le atribuye ha prescrito y apuntar que no cometió ilegalidad porque se limitó a abrir un procedimiento reglamentario que necesitaba la aprobación del Consejo de Gobierno.
En la misma línea, Francisco Martínez, letrado de Joaquín Bascuñana, y Antonio Alvarado, exdirector general de Calidad Ambiental y uno de los acusados, que se ha representado a sí mismo, han considerado durante sus intervenciones que el proceso infringe el principio de legalidad y tipicidad.
En el juicio también figuran como acusados José María Ródenas, subdirector de la Dirección General de Urbanismo de la Consejería de Obras Públicas; Manuel Alfonso Guerrero, exdirector general de Administración Local y director general de la Dirección General de Urbanismo; y Luis María Romero, asesor jurídico de la Dirección General de Urbanismo de la Consejería de Obras Públicas.
Por su parte, el abogado Julián Lozano, defensor de la empresa Hansa Urbana, ha solicitado que se exima a su cliente, el promotor Rafael Galea, de declarar como testigo porque ha sido operado recientemente y sufre un trastorno cognitivo que le impide comparecer. En este sentido, el Tribunal ha avanzado que encargará a un forense que analice su situación médica para adoptar una decisión.
El juicio continuará este martes con el interrogatorio a cuatro de los acusados Joaquín Bascuñana, José María Ródenas, Manuel Alfonso Guerrero y Luis María Romero. Los otros tres declararán al final del procedo judicial, según ha decidido este lunes el Tribunal.
