El director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, el comisario principal José Ángel González, ha presentado su dimisión tras ser citado como investigado por un presunto delito de agresión sexual contra una subordinada. La decisión se produce después de que el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 8 de Madrid haya admitido a trámite una querella y acordado tomarle declaración.
Según ha informado el Ministerio del Interior, González ha comunicado su renuncia, que será efectiva en las próximas horas. La investigación judicial también contempla la declaración de la denunciante, funcionaria del cuerpo, prevista para el 17 de marzo a las 10.30 horas.
Relevo en la cúpula policial
La subdirectora general de Recursos Humanos, Gemma Barroso Villarreal, asumirá la máxima jefatura operativa de la Policía Nacional tras la renuncia, conforme a lo establecido en la Orden 859/2023, de 21 de julio, que regula la estructura y funciones de la Dirección General de la Policía.
La normativa fija que, en caso de vacante, ausencia o enfermedad de la persona titular de la Dirección Adjunta Operativa, la suplencia corresponde, por este orden, a las personas responsables de la Subdirección General de Recursos Humanos y Formación, Logística e Innovación, así como al Gabinete Técnico.
Barroso accedió a la Subdirección General de Recursos Humanos y Formación en octubre de 2024. Con anterioridad desarrolló su trayectoria profesional en áreas operativas vinculadas a Policía Científica e Información.
Trayectoria y polémica por su jubilación
José Ángel González ingresó en la Policía Nacional en 1984. Desde 2018 ejercía como máximo mando operativo del cuerpo, coincidiendo con la etapa de Fernando Grande-Marlaska al frente del Ministerio del Interior y con Francisco Pardo Piqueras como director general de la Policía.
En noviembre de 2024, el Ministerio dejó sin efecto su jubilación al cumplir 65 años para que continuara en el cargo, amparándose en una modificación legal que fue cuestionada por partidos de la oposición y por sectores policiales.
Delitos investigados
El magistrado señala en su auto que los hechos descritos en la querella “hacen presumir la posible existencia de delitos de agresiones sexuales”, cuya instrucción corresponde a ese órgano judicial.
El escrito de la acusación atribuye al comisario la presunta comisión de delitos de agresión sexual, coacciones, lesiones psíquicas y malversación de caudales públicos, con la agravante de abuso de superioridad.
La denunciante, integrante de la Policía Nacional, mantuvo en el pasado una relación afectiva con el querellado. Según la querella, dicha relación estuvo marcada por una “asimetría de poder institucional manifiesta” debido a la posición jerárquica del mando policial.
Los hechos denunciados
Los hechos se remontan al 23 de abril de 2025, cuando la agente se encontraba prestando servicio en la comisaría de Coslada. Según el relato recogido en la querella, habría recibido múltiples llamadas telefónicas del DAO requiriendo su presencia inmediata.
Ante la negativa inicial de la funcionaria por motivos laborales, el mando le habría instado a abandonar su puesto utilizando un vehículo policial camuflado para reunirse con él en un restaurante. Posteriormente, ambos se habrían desplazado a un inmueble.
Siempre según la versión de la denunciante, ya en la vivienda el comisario habría iniciado un acercamiento físico de carácter sexual que fue rechazado “de forma verbal, expresa, rotunda y continuada”. La querella sostiene que, pese a ello, se produjo una conducta agresiva con violencia física e intimidación ambiental.
Tras lograr abandonar el domicilio, la agente regresó a la comisaría y posteriormente a su vivienda. El escrito añade que, después de ese episodio, se habría producido una campaña de acoso telefónico y presión psicológica con el objetivo de minimizar lo sucedido, evitar una denuncia y ofrecer supuestas compensaciones laborales como “precio del silencio”.La causa se encuentra en fase de instrucción.
