Este martes, 28 de abril, se cumple un año del histórico apagón que dejó a millones de ciudadanos de España y Portugal sin electricidad durante horas. Un incidente sin precedentes recientes que, doce meses después, continúa sin un responsable claro pese a los informes técnicos y las investigaciones políticas abiertas.
Ni el Gobierno, ni la red europea de operadores eléctricos Entso-E, ni la CNMC han señalado de forma concluyente a un culpable. El Ministerio para la Transición Ecológica habló en su informe de un problema “multifactorial”, marcado por sobretensiones, oscilaciones y desconexiones de centrales. Además, planteó nuevas medidas de supervisión para evitar otro episodio similar.
Por su parte, Entso-E calificó el suceso como un evento “sin precedentes” y el mayor registrado en Europa en las dos últimas décadas. Sus conclusiones apuntaron también a una combinación de factores: inestabilidad de tensión, oscilaciones del sistema y cambios rápidos en la generación eléctrica en España.
La CNMC, en un documento consultivo publicado casi once meses después, tampoco repartió culpas directas. No obstante, sí subrayó que existían herramientas regulatorias suficientes para haber evitado el apagón.
Lo que sí ha hecho el regulador es abrir 55 expedientes sancionadores por posibles infracciones a Red Eléctrica de España y varias compañías energéticas como Iberdrola, Endesa, Naturgy, Repsol o TotalEnergies.
Mientras tanto, las comisiones de investigación del Senado y del Congreso avanzan entre cruces de acusaciones políticas y empresariales. Todo apunta a que la responsabilidad final y las indemnizaciones millonarias por daños acabarán resolviéndose en los tribunales.
El apagón también ha dejado consecuencias económicas. Desde entonces, el sistema eléctrico opera en “modo reforzado”, elevando los costes de ajuste que repercuten en el recibo de la luz. En marzo alcanzaron 27,6 euros/MWh, un 74% más que hace un año, según Selectra.
