El presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS), Lucas Jiménez, ha expresado su profunda preocupación por las recientes propuestas del Ministerio para la Transición Ecológica, que contemplan una reducción de hasta el 40% en el trasvase de agua para regadío en el Levante de cara a 2027. En una entrevista concedida a La 7 con Ana Cruz, Jiménez calificó la planificación del Tajo como "una campaña hecha de cabo a rabo" que "perjudica al Levante".
Jiménez anunció que el sindicato presentará una demanda ante el Tribunal Supremo contra estas medidas, aunque reconoció que "no sabemos cuándo habrá sentencia". Según el líder de los regantes, las instrucciones dadas al Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX) han sido claras: "asegurarse que el abastecimiento esté garantizado para evitar problemas con la sociedad civil, que la lámina de agua en Entrepeñas y Buendía cubra las necesidades lúdicas del Alto Tajo y tener contentos a los pueblos ribereños, y acabar con parte del regadío en el Levante".
En cuanto a las alternativas propuestas por el Gobierno, Jiménez criticó la apuesta por la desalación, afirmando que "nos dirigen al agua desalada" y que "el Gobierno dice que los regantes tenemos que financiar la desalación". Además, denunció la falta de presupuesto para infraestructuras clave, como la impulsión de agua desde Torrevieja a Ojos, que permitiría que el agua saliera: "ni siquiera para eso hay dinero en el ministerio".
Jiménez también señaló que "la voluntad política es acabar con el trasvase Tajo-Segura". Para contrarrestar estas medidas, anunció que se llamará a los diputados de la Asamblea Regional de la Región de Murcia, así como a los de Alicante y Almería de todos los partidos, para que "defiendan los intereses de la ciudadanía". Advirtió que se señalará a aquellos que estén en contra de los intereses de la Región.
Recordó que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "dijo que acabaría con el Tajo-Segura en Albacete". Criticó la inversión de "miles de millones de euros para invertir en agua desalada", calificando de "imposible" la desalación debido a la falta de presupuesto. Concluyó que "si el Supremo no lo remedia, acabarán con el Tajo-Segura".
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