Los regantes no ven alternativa a la reducción del volumen de agua trasvasable del Tajo-Segura, y consideran que la vicepresidenta Teresa Ribera ha sentenciado a muerte el sector agroalimentario del Levante español, una idea que refleja el lema de la manifestación de este martes ante el ministerio de Transición Ecológica, "en el levante, sin trasvase, desierto y paro".
La previsión de disminución de los caudales se sitúa en prácticamente 105 hectómetros, la destrucción de 15.000 empleos y cerca de 5.700 millones de euros de reducción del PIB.
