Cuatro individuos se enfrentan este martes a penas que suman casi 50 años de cárcel por secuestrar durante 36 horas a un individuo, junto a su pareja, tras haber acudido a una vivienda para comprar droga, generó una deuda de más de 200 euros que no podía pagar. El juicio se celebra este martes en la sección segunda de la Audiencia Provincial de Murcia, a partir de las 10:00 horas.
Los hechos se remontan a octubre de 2021, cuando la víctima, acompañada de su pareja, decide acudir a un piso en el barrio de La Paz de la capital murciana para adquirir droga.
Tras consumirla y generar una deuda de 225 euros que no podían pagar, los cuatro procesados, la mayoría con antecedentes penales y uno de ellos en situación irregular en España, se pusieron de acuerdo previamente para secuestrar a uno de los compradores, reteniéndolo contra su voluntad más de un día (un total de 36 horas) hasta el pago de la deuda.
La pareja del secuestrado se marchó a buscar dinero, pero no volvió al lugar y fue detenido por unos hechos de diversa naturaleza delictiva que provocaron la apertura de otras diligencias penales.
Los procesados trasladaron de lugar al secuestrado, al que llegaron a clavarle agujas en el brazo, todo ello en espera de que su pareja regresara con el dinero de la deuda.
Pero la pareja de la víctima decidió acudir a la Policía, a quien manifestó lo ocurrido, de forma que los agentes se personaron en el domicilio de la víctima y tras abrirle la puerta y asegurar que se encontraba bien, le indicó con gestos de cabeza lo contrario.
Los agentes observaron las lesiones que tenía en el brazo y decidieron entrar a la casa, donde se procedió al arresto de dos de los cuatro procesados.
Posteriormente, previa autorización judicial, los agentes practicaron varios registros en las viviendas de los procesados, en las que hallaron cocaína, hachís y canabis, entre otras sustancias.
Para el fiscal, los hechos son constitutivos de un delito de secuestro, por el que procede imponer la pena de 8 años de prisión para cada uno de los acusados; y de un delito contra la salud de sustancias que causan grave daño a la salud pública, por el que pide 4 años de cárcel.
Para dos de los procesados, procede sustituir la pena impuesta por expulsión del territorio nacional cuando alcancen el tercer grado penitenciario, con una prohibición de regreso por 10 años.
