Homicidio

El jurado popular declara culpable al hombre que mató a su mujer de un disparo en Águilas

La magistrada ha disuelto el jurado y ha dejado el juicio visto para sentencia

Imagen de archivo en la que el presunto autor del homicidio de su mujer en Águilas sale de un furgón de la Guardia Civil (foto: La 7)
Imagen de archivo en la que el presunto autor del homicidio de su mujer en Águilas sale de un furgón de la Guardia Civil (foto: La 7)

El jurado popular ha declarado culpable por unanimidad al individuo acusado de matar a su mujer de un disparo en el pecho en Águilas (Región de Murcia), en agosto de 2020.

Además, el veredicto ha hallado al acusado culpable por unanimidad de tener en su poder la escopeta con la que disparó a su mujer a pesar de carecer de la oportuna licencia.

Así lo ha hecho saber el jurado popular durante la lectura del veredicto que ha tenido lugar este martes.

Asimismo, el jurado ha rechazado por unanimidad que el procesado padeciera un trastorno de ideas delirantes persistentes por celopatía y un trastorno de déficit de atención; al tiempo que ha rechazado que padeciera un trastorno mental por consumo de cannabis.

Con ocho votos a favor y uno en contra, el jurado también ha declarado que el procesado no había consumido cerveza y cannabis en el momento de los hechos.

Finalmente, el jurado ha considerado probado por unanimidad que no hay razones de justicia para solicitar el indulto para el acusado.

La magistrada ha disuelto el jurado y ha dejado el juicio visto para sentencia.

La Fiscalía se ha ratificado en su petición de pena inicial, al considerar que el individuo sería autor de un delito de asesinato con el agravante de parentesco por el que procede imponerle 25 años de cárcel. Asimismo, pide para el procesado un año de prisión como autor de un delito de tenencia ilícita de armas.

El Ministerio Público también pide una pena de libertad vigilada para el acusado consistente en la prohibición de comunicarse con los dos menores huérfanos, así como la obligación de participar en programas formativos, de educación sexual u otros similares de promoción de la igualdad de género durante diez años.

Asimismo, también solicita la privación de la patria potestad respecto de los dos menores, a los que deberá indemnizar con 195.000 y 175.000 euros, respectivamente.