La Guardia Civil, en colaboración con la Inspección de Trabajo, ha desarrollado en la comarca del Guadalentín la operación ‘Diacampo’, que ha permitido detectar a 11 ciudadanos extranjeros que trabajaban sin contrato en fincas agrícolas de Mazarrón y Águilas.
La actuación se ha saldado con la detención o investigación de seis personas, como presuntas autoras de delitos contra los derechos de los trabajadores y contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.
Inspecciones en fincas agrícolas
Dentro de los servicios establecidos para prevenir y perseguir la explotación laboral, agentes de la Guardia Civil, en coordinación con la Inspección de Trabajo, llevaron a cabo inspecciones en explotaciones agrícolas de la comarca.
En Mazarrón, los agentes detectaron a tres ciudadanos extranjeros realizando tareas agrícolas sin contrato de trabajo. Según las pesquisas, los propios peones desconocían para qué empresa trabajaban.
Las investigaciones permitieron identificar a dos capataces y dos empresarios, que han sido investigados como presuntos responsables de delitos contra los derechos de los trabajadores y de los ciudadanos extranjeros.
Ocho mujeres sin contrato ni documentación en Águilas
En una segunda actuación, desarrollada en Águilas, la Guardia Civil localizó a ocho mujeres de origen marroquí mientras realizaban trabajos agrícolas sin contrato y sin la documentación necesaria para su estancia legal en España.
La investigación reveló que el modus operandi comenzaba en Lorca, donde las trabajadoras eran recogidas en un furgón y trasladadas hasta las fincas. Las víctimas desconocían la ubicación del lugar de trabajo, así como las condiciones laborales, el horario y el salario, que finalmente era muy inferior al establecido para el sector.
Además, las mujeres carecían de material adecuado y de equipos de protección individual para desarrollar su labor. En este caso, los agentes localizaron y detuvieron a dos personas vinculadas con estos hechos.
Atención a las víctimas
Los 11 trabajadores localizados fueron atendidos e informados de los derechos que les asisten como víctimas de delito en España, quedando las actuaciones en manos de la autoridad judicial.
La operación ‘Diacampo’ se enmarca en los dispositivos que la Guardia Civil mantiene activos para combatir la explotación laboral y proteger los derechos de los trabajadores, especialmente en sectores vulnerables como el agrícola.
