Un presunto error judicial podría estar detrás de la liberación de un delincuente murciano. A pesar de los esfuerzos de la Policía Nacional, que llevaba más de dos años buscándole y que incluso desplegó a los GEO para su arresto, Jesús, apodado 'el Gorreta', salió tranquilamente por la puerta tras su comparecencia en el juzgado el pasado sábado 13 de enero.
El historial delictivo de Jesús incluye detenciones en los años 2017 y 2020, así como su arresto en 2021 junto a la 'Banda del Conejo', aunque en ese momento no se le vinculó directamente con los atracos de la banda. En el pasado, 'El Gorreta' ha ofrecido declaraciones en numerosas ocasiones a La 7, como queda recogido en el vídeo que acompaña a esta noticia.
El operativo policial para su captura fue muy amplio, con dos años de seguimiento por parte de las autoridades, y durante el registro de su residencia en Alicante se encontró un arma. Además, Jesús contaba con ocho requisitorias en su contra, algunas de las cuales implicaban su ingreso en prisión.
Al llegar al juzgado para enfrentar las acusaciones en su contra, Jesús salió por la puerta principal de manera aparentemente tranquila. La situación ha desatado indignación entre las fuerzas de seguridad, ya que algunas de las requisitorias estaban relacionadas con delitos que conllevaban penas de prisión.
Para arrojar luz sobre este inusual desenlace, La 7 Noticias ha conversado con la abogada defensora de Jesús, Zoraida Garre, quien afirmó haber separado una por una cada acusación, logrando así la puesta en libertad de su cliente. En respuesta a las críticas y cuestionamientos, la letrada sostiene que se apeló estrictamente a la legalidad y aprovechó posibles debilidades en la presentación de las acusaciones.
Este caso ha generado un intenso debate en la comunidad jurídica, y en el ámbito policial incluso indignación, porque de las ocho requisitorias, alguna sí tenía para prisión.
EL TSJ DE VALENCIA EXPLICA EL CASO
A preguntas de esta redacción, la Oficina de Comunicación del TSJ de Valencia explicó el día que "el juzgado de Orihuela le impuso medidas cautelares consistentes en comparecencias periódicas ante el juzgado que instruye las diligencias y prohibición de comunicación y orden de alejamiento respecto de la víctima. Paralelamente, una vez detenido en el marco de esa investigación, saltaron varias requisitorias contra él, pero ninguna que conllevara su ingreso en prisión, sino consistentes en detención para personación en diferentes órganos judiciales a fin de notificarle las fechas de diferentes juicios".
