El PSOE ha recibido un varapalo judicial en su intento de reabrir la denuncia contra el PP, el alcalde de Murcia, José Ballesta, y el ex edil de Calidad Urbana, José Guillén. Esta denuncia fue el pretexto que utilizaron los socialistas para impulsar la moción de censura en el Ayuntamiento de Murcia, que desencadenó una crisis política a nivel nacional. La moción provocó el descalabro de Ciudadanos, el adelanto electoral de Isabel Díaz Ayuso y un importante bajón del PSOE en Murcia. Los murcianos, tras dos años de gobierno del PSOE y Cs, concedieron una mayoría absoluta al popular Ballesta en las elecciones municipales del pasado mayo.
Según ha informado el digital OKDiario, el tribunal ha desestimado el recurso del PSOE, que había recurrido el archivo del supuesto caso de corrupción. Según fuentes locales consultadas, PSOE y Ciudadanos se apoyaron en esa investigación judicial para crear una narrativa sobre la necesidad de echar al alcalde. Una narrativa que ahora se derrumba. La sala desestima el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de Enrique Lorca y contra el auto no cabe recurso.
Los socialistas acusaron al PP de financiar ilegalmente su campaña con vídeos municipales
Los socialistas acusaron justo antes de su moción de censura en Murcia de un delito de "financiación ilegal de la campaña electoral" del PP por el uso de unos vídeos que, supuestamente, había realizado una empresa contratada por el Ayuntamiento. En concreto, el denunciante sostenía que, en abril de 2019, el PP había utilizado "unos vídeos render [recreaciones de cómo quedarían unos nuevos jardines municipales], de titularidad municipal, bien mediante un uso directo o con algunos retoques estéticos". "La procedencia sería el Servicio de Contratación del Ayuntamiento de Murcia y una entidad pública". Sin embargo, los jueces coinciden en que "no resultan indicios suficientes de ilícito penal".
La Guardia Civil no encontró pruebas suficientes contra el PP
El Equipo de Delincuencia Económica-Tecnológica de la Guardia Civil, analizando los metadatos de los archivos de vídeo aportados y el informe pericial aportado por el denunciante, emitió un informe que permitió concluir que "no existían evidencias suficientes de que los fotogramas utilizados por los candidatos del PP procediesen necesariamente de los videos render de la contratista municipal". Los encuadres y los colores de determinados fotogramas del material electoral del PP que se exponían en la denuncia son distintos a los originales. El PSOE pidió la tasación pericial de los vídeos, pero el auto aclara que sólo podría aceptarse si el gasto fuese superior a los 50.000 €. Ninguno de los vídeos superaba ese importe (entre 3.000 y 5.000 € por vídeo).
La moción de censura cambió el mapa político
Esa denuncia sirvió al PSOE para romper el pacto del PP y Cs en la capital murciana. A nivel autonómico, el presidente murciano Fernando López Miras (PP) también tuvo que afrontar una moción de censura. No obstante, en ese caso no salió adelante, porque diputados autonómicos del partido naranja se mantuvieron fieles al PP. A nivel regional la excusa fue una supuesta vacunación irregular de altos cargos de la Consejería de Salud.
