El presidente del Consejo de Gobierno, Fernando López Miras, comparecerá ante el Pleno de la Asamblea Regional este miércoles, 22 de octubre, para someterse a una sesión de control en la que responderá a las preguntas que le formulen los portavoces de los grupos parlamentarios, y que han sido admitidas a trámite por la Mesa de la Cámara en su reunión celebrada esta mañana, según han informado fuentes del parlamento autonómico en una nota de prensa.
El grupo parlamentario Popular preguntará a López Miras sobre cómo afectará a los autónomos de la Región de Murcia las nuevas medidas anunciadas por el Gobierno de España.
El grupo parlamentario Vox lo hará sobre realización de pruebas periciales a los menores no acompañados de la Región de Murcia para conocer su edad. Por su parte, el grupo parlamentario Mixto preguntará sobre el precio de la vivienda asequible en la Región de Murcia.
SESIÓN PLENARIA DE CONTROL
Además de las preguntas orales al presidente del Consejo de Gobierno, la Sesión Plenaria de control incluye la sustantación de las preguntas orales a los miembros del Consejo de Gobierno:
- Elaboración y posterior cumplimiento de las previsiones macro económicas de los próximos años 2026 y 2027, formulada por el grupo parlamentario Vox
- Valoración del daño a la subsistencia de las personas afectadas por el desarrollo del Plan de conservación de la tortuga mora en la Región de Murcia, formulada por el grupo parlamentario Vox
- Sobre sentencia del juzgado de lo mercantil n.º 9 de Madrid, en la que se condena a la Región de Murcia a abonar a la sociedad concesionaria del Aeropuerto de Murcia más de 140 millones de euros, formulada por el grupo parlamentario Vox
- Medidas en materia de ordenación del territorio frente a los arrastres de sedimentos al Mar Menor cada vez que se producen lluvias torrenciales, formulada por el grupo parlamentario Mixto
- Ampliación de colegios para albergar 1º y 2º de ESO), formulada por el grupo parlamentario Popular
- Acuerdo comercial entre la Comisión Europea y Marruecos, formulada por el grupo parlamentario Popular
- Oferta de comedores escolares del curso 25/26, formulada por el grupo parlamentario Popular
- Consecuencias para la ciudadanía de la Región de Murcia de fijar en 170.000 euros el precio de las viviendas en el nuevo Plan de Viviendas Asequibles, formulada por el grupo parlamentario Socialista
- Interrupciones voluntarias del embarazo en la Red Pública Sanitaria de la Región de Murcia, formulada por el grupo parlamentario Socialista
- Sobre la no convocatoria del Centro de Coordinación Operativa Integrado ante la alerta roja que afectó al Campo de Cartagena los días 10 y 11 de octubre, formulada por el grupo parlamentario Socialista
- Sobre la falta de desarrollo de la Ley 4/2022, de 16 de junio, de mecenazgo de la Región de Murcia, formulada por el grupo parlamentario Mixto
- Valoración de las condiciones establecidas en las convocatorias de ayudas asistenciales de comedor escolar (POPL-0532), formulada por el grupo parlamentario Mixto
FIN DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA
Previamente, el orden del día incluirá la aprobación, en su caso, del Proyecto de Ley de simplificación administrativa y del Proyecto de Ley por el que se modifica la Ley 10/2014, de 27 de noviembre, reguladora del transporte público de personas en vehículos de turismo por medio de taxi de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Con la celebración de este Pleno se cerrará el orden del día de la Sesión Extraordinaria, dando comienzo al primer período ordinario de sesiones del tercer año legislativo de la XI Legislatura de la Asamblea Regional.
DECRETO LEY DE SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
Se mantiene el Decreto Ley de simplificación administrativa, tal y como se aprobó el pasado mes de julio. La Asamblea Regional ha tumbado las modificaciones, tras un debate en el que el PSOE ha acusado al Gobierno regional de "privatizar los servicios públicos", el PP ha rechazado el texto por haber sido "pactado con Vox", y el partido de Abascal ha denunciado el "caos normativo" en la Comunidad.
El proyecto de ley, que pretendía sustituir al decreto-ley convalidado en julio, ha sido rechazado con los votos en contra del Partido Popular y del Grupo Mixto (Podemos-IU-AV), el voto a favor de Vox y la abstención del PSOE. De esta forma, prevalece el decreto-ley aprobado por el Ejecutivo en junio, que seguirá en vigor como marco regulador en materia de simplificación administrativa.
La modificación llegaba al Pleno tras pasar por la Comisión de Política Territorial, Medio Ambiente, Agricultura y Agua, donde fueron rechazadas 14 enmiendas presentadas por la oposición.
El texto, respaldado por la patronal Croem, buscaba reducir trámites administrativos y agilizar la actividad económica, pero ha terminado enfrentando a todos los grupos parlamentarios.
La diputada de Vox, Virginia Martínez, ha explicado que su grupo ha apoyado el dictamen porque "la eliminación de trabas burocráticas es esencial para la creación de riqueza y la libertad económica", aunque ha advertido que "han pretendido colar por la puerta de atrás la destrucción del sector primario". Según ha dicho, "la comunidad autónoma acumula ya siete leyes de simplificación y ninguna se ha aplicado correctamente, lo que demuestra un auténtico caos legislativo".
Desde el Grupo Mixto, la diputada María Marín (Podemos-IU-AV) ha votado en contra y ha afirmado que "la ley de simplificación de López Miras no es más que la ley de la CROEM: hecha por y para los empresarios".
Marín ha denunciado que "el texto ha sido dictado por la patronal y tramita sin los informes jurídicos preceptivos ni participación ciudadana", asegurando que "pone por encima de los ayuntamientos y de los vecinos los intereses de los grandes lobbies económicos".
Por su parte, el diputado del PSOE Alfonso Martínez Baños ha justificado la abstención de su grupo alegando que "no se pueden anteponer los intereses económicos a la protección del medio ambiente y del patrimonio cultural" y que el decreto "ha vulnerado la autonomía municipal y ha supuesto un paso más en la privatización de los servicios públicos". "Esta norma no ha garantizado la seguridad jurídica ni ha contado con diálogo ni consenso", ha añadido.
Desde el PP, María Casajús ha defendido el texto original del Gobierno regional, aprobado en junio, al asegurar que "buscaba reducir la maraña burocrática que frena la actividad económica y aportar seguridad jurídica sin renunciar a las garantías".
La diputada ha reprochado que "el texto debatido en el Pleno no era el del Ejecutivo, sino un proyecto transformado y distorsionado tras el pacto entre Vox y el PSOE", y ha acusado a ambos grupos de "frenar el cambio y mantener la burocracia".
