Miembros del Colegio de la Abogacía de Murcia (ICAMUR) se ha concentrado este miércoles en la Ciudad de la Justicia para protestar ante "la situación insostenible" de este servicio público por la huelga de los funcionarios judiciales y reclamar la puesta en marcha de "un pacto de estado".
Para ICAMUR, "es muy urgente llegar a un acuerdo que reactive de forma inmediata el servicio público de justicia, y medidas urgentes para resolver los inadmisibles retrasos ya acumulados".
El decano de la Abogacía de Murcia, Francisco Martínez-Escribano, ha manifestado que "las recientes y sucesivas convocatorias de huelgas de distintos colectivos de la justicia se suman a un déficit histórico y estructural que el servicio público arrastra desde hace décadas".
Y es que, ha precisado, "tras cuatro meses consecutivos de huelgas, se siguen suspendiendo continuamente decenas de miles de vistas, en la mayoría de los casos sin previo aviso, dejando miles de notificaciones sin tramitar, una cuenta de consignaciones y depósitos judiciales paralizada, y señalamientos fijados ya para fechas tan irrazonables como el año 2027".
A juicio de los abogados y abogadas concentrados en protesta en la sede judicial, "es descorazonador que los ciudadanos y profesionales de la justicia tengamos que concentrarnos ante las sedes judiciales para recordar a los poderes públicos algo tan evidente como que la tutela judicial efectiva es fundamental para el normal funcionamiento del Estado de Derecho y, por tanto, la propia vida en sociedad, dado que tiene por función resolver los conflictos, dotando así de seguridad y confianza a la ciudadanía".
Para los profesionales del derecho, es "desolador" que "tengamos que concentrarnos para recordar que la parálisis del servicio público afecta gravemente a la vida de decenas de miles de personas, así como de los profesionales que defienden sus derechos ante juzgados y tribunales, y que tampoco pueden trabajar".
"Nuestro Estado social y democrático de Derecho requiere de una Justicia pronta y de calidad. Sin Justicia no hay democracia ni libertad. La pronta solución de la parálisis del servicio público es una cuestión de Estado", han añadido.
Entre las exigencias de ICAMUR se encuentra la creación de mecanismos reales de coordinación regular entre las instituciones y administraciones con competencias en materia de Justicia --a nivel estatal, autonómico, provincial y por partidos judiciales--, y asegurar así la participación efectiva de los profesionales que intervienen en ella, así como de la ciudadanía.
Reclama una previsión de inversiones para abordar todas las reformas estructurales que la Administración de Justicia necesita en ámbitos organizativos y de recursos humanos, así como la mejora sustancial de la ejecución de las resoluciones judiciales en todos los órdenes jurisdiccionales y la implantación "efectiva e inmediata" en todo el territorio del expediente judicial electrónico.
También solicita la revisión del marco legal del sistema de acceso universal a la justicia, para que la asistencia jurídica gratuita "garantice estrictamente a la ciudadanía que carece de recursos económicos, un servicio de calidad, con profesionales debidamente formados a los que se garantice una compensación digna que ampare todas las actuaciones efectuadas por designaciones de Oficio, y manteniendo la proximidad territorial, y tendiendo a la especialización por áreas y servicios", entre otros.
