Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han accedido este miércoles a primera hora a la sede nacional del PSOE en la calle Ferraz de Madrid en el marco de una investigación de la Audiencia Nacional.
Se trata de un requerimiento de información que ha ordenado el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz por una pieza separada que instruye y hay previsto que la UCO realice otros registros, según ha adelantado fuentes del caso.
El juez dirige el procedimiento contra el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, María Leire Diez Castro, el empresario Javier Pérez Dolset, el exconsejero de Presidencia de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías y el abogado Ismael Oliver por delitos de organización criminal, plurales delitos de cohecho, revelación de secretos, inducción al falso testimonio, acusación falsa, falsedad en documento mercantil, prevaricación, tráfico de influencias y delito contra las instituciones del Estado. La UCO ya accedió a la sede federal del PSOE en Ferraz en junio de 2025 tras la imputación del que era secretario de Organización del partido, Santos Cerdán.
También investiga al abogado Jacobo Teijelo Casanova y al guardia civil Juan Sánchez Yepes por delitos de revelación de secretos, cohecho y contra las instituciones del estado.
Igualmente, el titular de la Plaza 5 de la Sección de Instrucción del tribunal Central de Instancia considera que de los hechos investigados aparece descrita la indiciaria responsabilidad de la gerente de la Secretaría de Organización del PSOE Ana María Fuentes Pacheco, al menos como cómplice, en la comisión de los delitos de antes descritos. y, en todo caso, como autora del posible delito de falsedad en documento mercantil por la emisión de facturas mendaces.
Respecto de Juan Manuel Serrano Quintana y Juan Francisco Serrano Martínez, el magistrado señala que aparecen indicios que revelan su colaboración con los investigados en la ejecución de concretos y aislados actos en auxilio de su ilícito plan, aunque considera que habrá que esperar al desarrollo de la investigación para concretar su responsabilidad penal.
Para el magistrado la actividad presuntamente delictiva investigada es grave tanto por las penas que pudieran imponerse, como por el elevado importe de las transacciones económicas objeto de investigación, por lo que considera proporcionados los requerimientos acordados. Estas medidas se concretan en requerimientos a personas físicas y jurídicas, así como a entidades públicas y privadas para que hagan entrega con carácter inmediato de toda la documentación, archivos electrónicos y la información que se detalla en los tres autos que han sido notificados esta mañana a los representantes legales de los requeridos.
El juez de la Audiencia Nacional (AN) Santiago Pedraz ha acordado imputar al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, a la gerente del partido, Ana María Fuentes, y al exvicepresidente de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías en la causa en la que investiga a la exmilitante socialista Leire Díez.
Cerdán, la gerente del PSOE y Zarrías, imputados
Según han indicado fuentes jurídicas este miércoles, el magistrado instructor ha dado ese paso porque indaga, entre otras cosas, en si hubo pagos desde el PSOE a la presunta trama que buscaba información sensible contra jueces, fiscales y miembros de las fuerzas de seguridad.
Las imputaciones se han conocido el mismo día en que agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han accedido a primera hora a la sede nacional del PSOE en la calle Ferraz de Madrid.
El requerimiento de documentación lo ha ordenado el juez de la AN por una pieza separada que instruye y que afecta a Leire Díez, la presunta 'fontanera' vinculada al PSOE, así como al expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández, según han confirmado a Europa Press fuentes del caso.
Pedraz ha ordenado que los agentes se personen igualmente en los domicilios de Cerdán y de Zarrías. Las diligencias también afectan al empresario Javier Pérez Dolset, al que también declara investigado.
Gaspar Zarrías, que fue vicepresidente andaluz, declaró en el marco de otra investigación en los Juzgados de Plaza de Castilla sobre la exmilitante socialista, que instruye Arturo Zamarriego, que contrató a Leire Díez para que investigase una supuesta implicación del comisario jubilado José Manuel Villarejo en la investigación de la trama de los ERE, por la que Zarrías fue juzgado. Según precisó, llegó a pagarle 4.000 euros mensuales durante cuatro meses por ello.
A principios de mes, el juez de la Audiencia Nacional prorrogó un mes más el secreto de sumario en la causa que investiga a Díez, Fernández y otros por presuntas irregularidades en contratos de empresas públicas y entidades dependientes de la SEPI.
Pedraz asumió las pesquisas el pasado mes de diciembre de 2025 después de la detención de Díez, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández y el empresario y administrador de Servinabar Antxon Alonso, vinculado al ex 'número tres' del PSOE Santos Cerdán.
La UCO rastrea comisiones
La UCO sospecha que Díez, Fernández y Alonso habrían cobrado 700.000 euros en comisiones "implicando en su operativa a empresas públicas y entidades dependientes de la SEPI" en un total de cinco operaciones bajo sospecha.
Los tres habrían formado parte de un grupo llamado 'Hirurok' dirigido a orientar "diversos expedientes seguidos en la Administración pública, en beneficio propio o de terceros, aprovechándose de su posición, relaciones y capacidad de influencia sobre determinadas personas vinculadas a la función pública", según consta en un auto del magistrado Antonio Piña, quien estaba de guardia el día que pasaron a disposición judicial.
Entre 2021 y 2023, Díez, Fernández y Alonso habrían actuado de manera coordinada con el objetivo "de obtener el máximo beneficio económico a través del cobro de comisiones" a través de "contratación y facturación mendaz", según la investigación.
En conjunto, habrían conseguido decisiones favorables a sus intereses desde distintas administraciones "y a través de diferentes cargos públicos, implicando en su operativa a empresas públicas" y entidades vinculadas a la SEPI en un total de cinco operaciones que están siendo investigadas.
La UCO intervino material informático y dispositivos electrónicos durante un registro efectuado en el domicilio de Leire Díez. Posteriormente, el magistrado solicitó a la Guardia Civil que realizara un expurgo del mismo para preservar todo aquello que no tenía nada que ver con la causa.
Los agentes de la UCO ya accedieron a la sede federal del PSOE en Ferraz en junio de 2025 tras la imputación del que era secretario de Organización del partido, Santos Cerdán.
El PSOE pide "tranquilidad"
La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, ha trasladado un mensaje de "tranquilidad" y colaboración ante la entrada de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en la sede socialista de la calle Ferraz este miércoles por la mañana.
"El Partido Socialista es distinto y lo hemos demostrado en muchas ocasiones" con relación al Partido Popular, ha señalado Mínguez en una entrevista a los medios de comunicación.
"Aquí no existe destrucción de pruebas. Y, por tanto, toda la información que sea requerida, pues, será trasladada", ha precisado.
No obstante, la dirigente socialista ha lamentado una determinada "campaña de desprestigio y linchamiento" política y mediática contra los socialistas por parte de la derecha para hacer, según afirma, de un titular una gran noticia.
"Al final es lo que hace tiempo que se está buscando. Yo ya hice un tuit hace una semana en que dije que no pararán y es que no pararán. Pero también tengo que deciros que a los socialistas tampoco nos doblegarán", ha dicho.
Ha explicado que se ha enterado de la noticia a través de los medios en los pasillos del Congreso y que los diputados del PP que han llegado con el argumentario hecho: "Hay unos determinados políticos y concretamente el Partido Popular que está jugando con las cartas marcadas".
Sánchez asume la "gravedad" de la investigación
Por su parte, Pedro Sánchez ha defendido que el partido ya apartó a la exmilitante socialista Leire Díez aunque asume la "gravedad" de la investigación que está llevando a cabo la Audiencia Nacional, que este mismo miércoles ha ordenado una operación en la sede central en la calle Ferraz.
Reacciones a nivel regional
En la Región, los diputados del Grupo Mixto en el Asamblea Regional José Ángel Antelo y Virginia Martínez se han pronunciado sobre la entrada de la UCO en la sede nacional de Ferraz, asegurando que “España está asistiendo al mayor escándalo de corrupción de su democracia”.
Antelo ha afirmado que “la mafia de Zapatero-Sánchez, está destruyendo cualquier atisbo de legalidad en nuestro país” y ha exigido que los responsables “se pongan a disposición judicial, pidan perdón a los españoles y respondan ante la Justicia por todo el desfalco y el ladrocinio cometido”.
Asimismo, ha denunciado que “el dinero de los impuestos de los españoles se ha gastado en prostitución y en cuestiones que nada tienen que ver con el interés general, mientras millones de trabajadores sostienen este país con esfuerzo y sacrificio”.
Por su parte, Virginia Martínez ha asegurado que desde la Región de Murcia “no van a blanquear al peor Partido Socialista de la historia” y ha anunciado que no apoyarán “ni una sola moción” del PSOE “hasta que pidan la dimisión de Pedro Sánchez y de todo su Gobierno”. Además, ha afirmado que “el PSOE ha sido definido por la UCO como una organización criminal” y ha añadido que “ni es obrero ni es español”.
