El nuevo texto de la amnistía que tiene sobre la mesa el Congreso de los Diputados busca blindar al expresidente catalán Carles Puigdemont ante el "terrorismo callejero" que investiga el Tribunal Supremo en el marco de la causa que ha abierto contra el eurodiputado de Junts por los disturbios atribuidos a la plataforma independentista 'Tsunami Democràtic'.
Las enmiendas transaccionales que este jueves han pactado PSOE, Junts, ERC, EH Bilu, PNV y Sumar también pretenden amparar a los investigados de la trama rusa del 'caso Voloh' que instruye el Juzgado de Instrucción Número 1 de Barcelona, cuyo juez insiste en que los contactos del independentismo con Moscú estarían auspiciados por Puigdemont y podrían constituir delitos de traición y contra la paz o la independencia del Estado y relativos a la defensa nacional.
En concreto, modifican la proposición de ley que presentó el PSOE el pasado 13 de noviembre para enmendar el preámbulo anterior y los artículos 1, que recoge el ámbito objetivo; el 2, que detalla las exclusiones de la ley; y el 7, relativo a los efectos sobre indemnizaciones y restituciones.
La clave para las causas de 'Tsunami Democràtic' y 'Voloh' está en los cambios del artículo 2. Cabe recordar que el dictamen que Junts tumbó el pasado 30 de enero perdonaba los delitos de terrorismo siempre y cuando "de forma manifiesta y con intención directa" no hayan causado "violaciones graves de Derechos Humanos", citando expresamente los artículos 2 y 3 del Convenio Europeo, que recogen el derecho a la vida y la prohibición de la tortura, respectivamente.
Este extremo se mantiene, pero ahora se quita la referencia al terrorismo fijado por el Código Penal español y se queda exclusivamente con la versión de terrorismo recogida en la directiva europea de 2017, donde el umbral del delito es más alto.
Este cambio tiene lugar después de que el pasado 29 de febrero el Supremo acordara abrir causa penal contra Puigdemont por 'Tsunami Democràtic' y asegurara que no había "duda alguna" de que los hechos que se le imputan a la plataforma independentista se incardinan en el delito de terrorismo. Aquel día, el tribunal se amparó en al menos una decena de sentencias de 'terrorismo callejero' que consolida su doctrina sobre este delito.
El Supremo explicó que para acreditar el delito de 'terrorismo callejero' se exige que se ejecute alguna de las siguientes finalidades: subvertir el orden constitucional, alterar gravemente la paz pública, desestabilizar gravemente el funcionamiento de una organización internacional o provocar un estado de terror en la población o en una parte de ella. Para el tribunal, las conductas analizadas en este caso encajan en dicha descripción. En Europa, sin embargo, este concepto de terrorismo se vincula más al uso de la violencia expresa.
