El juez Juan Carlos Peinado ha declarado acusada a la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, y le ha requerido para que asista a una audiencia preliminar el próximo 9 de junio.
Así lo ha decidido el magistrado en un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que también llama a comparecer como acusados en esa audiencia a la asistenta de Gómez, Cristina Álvarez, y al empresario Juan Carlos Barrabés, los otros dos investigados en la causa.
El instructor acuerda que "dichos acusados comparezcan personalmente" y "con apercibimiento de ser conducidos por la fuerza pública al acto de la audiencia preliminar a los efectos de, en su caso, celebrar la correspondiente comparecencia con su presencia, en la que se podría adoptar alguna medida cautelar de naturaleza personal que evite o minimice el riesgo de tratar de eludir la acción de la justicia".
El juez planteó juzgar con jurado popular a Begoña Gómez por presuntos delitos de malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida de marca.
Y "dada la extensión de la pena que pudiera serles impuestas", Peinado considera en el auto que "podría provocar alguna conducta por parte de alguno, algunos o de los tres acusados tendente a eludir la acción de la justicia".
A la audiencia preliminar también están convocadas --además de los acusados y sus defensas-- la Fiscalía, las acusaciones populares personadas y la Universidad Complutense de Madrid como acusación particular.
GÓMEZ PIDE SU ABSOLUCIÓN
En su escrito de defensa, Begoña Gómez reclamó ser absuelta si finalmente la causa contra ella llega a juicio, al considerar que los hechos por los que se la investiga "no son constitutivos de delito alguno" y que existe una "mala fe" por parte de las acusaciones.
La esposa del presidente denunció "temeridad de las acusaciones" que "se ha puesto de manifiesto a lo largo de todo el procedimiento" porque, en su opinión, "ha existido una inexistencia absoluta de base indiciaria suficiente desde el inicio".
"Las acusaciones sostienen su pretensión punitiva a pesar de que los elementos de prueba obrantes en la causa, valorados en su conjunto, resultan manifiestamente insuficientes para sustentar los tipos penales imputados", apostilló.
Asimismo, el letrado de Gómez, Antonio Camacho, argumentó que "la mala fe de las acusaciones resulta apreciable en la medida en que la acción penal fue ejercitada y ha sido mantenida con fines distintos a la legítima persecución del delito".
Y presentó un recurso a la Audiencia Provincial de Madrid --que tiene que pronunciarse sobre la decisión del juez de abocar la causa a un juicio con jurado popular--, en el que alegó que se la investiga por "ser cónyuge del presidente del Gobierno".
