El Pleno del Congreso ha aprobado este jueves, la Ley Trans que permite la rectificación de nombre y sexo de las personas trans en el Registro Civil a partir de los 14 años, en una votación en la que se ha abstenido la exvicepresidenta del Gobierno, la socialista Carmen Calvo, que ha roto la disciplina de voto de su grupo.
La norma, que ahora pasa a su fase de tramitación en el Senado, ha contado con el voto en contra del PP, Vox, Foro Asturias, Navarra Suma y Ciudadanos (salvo su portavoz de Igualdad, Sara Giménez, que se ha abstenido). Los naranjas tenían libertad de voto en este norma.
También se han abstenido en esta votación los representantes del PDeCAT, el diputado del Partido Regionalista de Cantabria, José María Mazón, y la diputada del PP Rosa Romero, aunque en este caso ha sido una equivocación porque el día anterior representaba a su partido en el debate de la ley y defendía el voto en contra.
La ley impulsada por el Ministerio de Igualdad finaliza así una tramitación de casi tres meses en la Cámara baja que ha estado acompañada de polémica desde el principio por la falta de acuerdo entre los socios de Gobierno. Una parte del socialismo, liderada por Calvo, se mostró crítica con el texto, especialmente con la autodeterminación de género y sus consecuencias sobre los derechos de las mujeres.
El PSOE presentó varias enmiendas a la ley, aunque centradas en limitar la autodeterminación de los menores y para endurecer el proceso de reversión de las personas trans, pero en comisión no consiguió el voto favorable de ningún grupo a sus iniciativas y al final decidió no mantener estas propuestas para el debate de la ley en el Pleno.
Dicho debate se ha producido tras una petición de avocación del PP. Los 'populares' se han mostrado en contra de la norma desde el inicio, de hecho, presentaron una enmienda a la totalidad del texto para que fuera devuelto al Ejecutivo. Además, ha criticado durante esta tramitación la urgencia de la misma, con la ausencia, según han apuntado, de un debate sosegado sobre su contenido y el veto de intervenciones de expertos sobre el tema y familias en sede parlamentaria.
