El Gobierno de España ha mantenido un tono contenido en su primera respuesta tras la intercepción por parte de Israel de la flotilla humanitaria Global Sumud, que llevaba ayuda para Gaza y a bordo de la cual viajaban más de medio centenar de españoles. Tanto el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, como el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, han priorizado en estas primeras horas garantizar la seguridad de los ciudadanos retenidos antes de valorar la actuación de Israel o tomar decisiones sobre eventuales medidas futuras.
“Para nosotros, ahora mismo, lo más importante es la seguridad de nuestros compatriotas y que puedan regresar pronto a casa, a su casa, a España. Y a partir de ahí, evidentemente, estudiaremos cualquier tipo de acción”, declaró Sánchez desde Copenhague, donde participó en la cumbre de la Comunidad Política Europea. Por su parte, Albares subrayó que el Ministerio está centrado en prestar protección diplomática y consular a los españoles que iban a bordo de la flotilla y que la evaluación de posibles acciones se realizará posteriormente.
Hasta ahora, Exteriores ha convocado a la encargada de negocios israelí, Dana Erlich, para reclamar la liberación inmediata de los ciudadanos españoles y recalcar que se trataba de “ciudadanos pacíficos” sin capacidad de representar una amenaza. El número de españoles a bordo, según el Ministerio, asciende a 65, aunque la organización de la flotilla lo sitúa en torno a medio centenar. Mientras tanto, el consulado y la Embajada de España en Israel siguen gestionando la atención consular de los detenidos en el puerto de Asdod.
El grupo de abogados Adalah, que asesora a la flotilla, ha denunciado que algunos participantes han recibido órdenes de detención y procedimientos de deportación sin acceso a asistencia legal. La situación ha generado también tensiones internas en la coalición de Gobierno, con ministros de Sumar cuestionando la actuación del Ejecutivo y criticando la “tibieza” del PSOE.
La ministra de Defensa, Margarita Robles, aseguró que el buque de acción marítima de la Armada, ‘Furor’, permanecerá en la zona hasta que los activistas sean liberados y puedan regresar a sus países. Sin embargo, la presencia del buque se limitó a tareas de asistencia y rescate, sin escolta de las embarcaciones españolas.
Críticas de Sumar y Podemos
El socio minoritario del Gobierno, Sumar, ha elevado el tono contra Israel y ha instado al Ejecutivo a adoptar medidas más contundentes. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, criticó la respuesta del PSOE y propuso romper relaciones diplomáticas y comerciales con Israel. El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, calificó la intervención israelí como “piratería” y pidió a la Fiscalía que actúe de oficio. El portavoz de Izquierda Unida, Enrique Santiago, consideró que los activistas españoles son “rehenes” del Gobierno israelí, mientras que la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha exigido denunciar a Israel ante la Corte Penal Internacional, calificando la operación como “crimen de guerra” y “terrorismo de Estado”.
La prudencia del Gobierno español contrasta con la exigencia de contundencia de sus socios minoritarios, mientras la situación de los ciudadanos españoles detenidos sigue siendo la prioridad inmediata.
