La factura energética recupera desde este lunes parte de la carga fiscal que había sido rebajada en los últimos meses. El IVA aplicable a la electricidad, al gas natural, a los pellets, las briquetas y la leña vuelve al 21% después de que hayan decaído las medidas fiscales aprobadas para amortiguar el impacto de la inflación y del encarecimiento de la energía.
La medida entra en vigor este 1 de junio, coincidiendo con el inicio de la desactivación gradual de algunas de las ayudas incluidas en el plan aprobado por el Gobierno en marzo. La rebaja del IVA, que había situado estos productos energéticos en el 10%, queda sin efecto por la evolución de los precios registrada en abril.
También sube el Impuesto Especial sobre la Electricidad
El cambio no afecta sólo al IVA. El Impuesto Especial sobre la Electricidad también recupera su tipo ordinario y pasa del 0,5% al 5,11%. De este modo, los consumidores vuelven a soportar una mayor carga fiscal en el recibo eléctrico justo cuando el Ejecutivo considera que los precios de la electricidad y del gas se han moderado lo suficiente.
La cláusula de desactivación recogida en el real decreto-ley establecía que las medidas continuarían en vigor si el IPC de carburantes, electricidad y gas en abril se situaba un 15% por encima del registrado en abril de 2025. Al no cumplirse esa condición en el caso de la electricidad y el gas, las rebajas fiscales vinculadas a estos productos quedan desactivadas.
Los carburantes mantienen sus medidas hasta final de mes
Mientras la luz y el gas recuperan ya el IVA del 21%, las medidas fiscales sobre los carburantes continuarán vigentes hasta el 30 de junio. Entre ellas se encuentran los tipos reducidos del Impuesto sobre Hidrocarburos, el IVA al 10% sobre gasolinas, gasóleos y biocarburantes, y la devolución parcial del gasóleo profesional.
También seguirán activas las ayudas a agricultores y transportistas, así como los descuentos reforzados del bono social eléctrico, que se mantienen en el 42,5% para consumidores vulnerables y en el 57,5% para consumidores vulnerables severos.
El Gobierno asegura que continuará siguiendo la evolución de los precios y mantendrá reuniones con los agentes sociales y los sectores más afectados para decidir si algunas medidas deben prorrogarse más allá del 30 de junio, suprimirse o sustituirse por otras nuevas.
