El Gobierno ha puesto sobre la mesa una nueva reforma del sistema de financiación autonómica con la que plantea ceder a las comunidades autónomas una mayor parte de los impuestos que pagan los ciudadanos. En concreto, el Ejecutivo propone elevar el porcentaje del IRPF que reciben las regiones del 50% al 55% y el del IVA del 50% al 56,5%, una medida que, según sus propios cálculos, supondría unos 16.000 millones de euros más en 2027.
La propuesta ha sido presentada este viernes por la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, dentro de una reforma que el Gobierno de Pedro Sánchez lleva años anunciando, pero que llega con 17 años de retraso respecto al modelo actualmente en vigor.
Desde el Ejecutivo defienden que el cambio es necesario para “blindar el Estado del bienestar” y adaptar el reparto de recursos a la realidad de cada territorio. Sin embargo, la propuesta vuelve a apoyarse en un complejo sistema de reparto que, lejos de simplificar el modelo, introduce nuevos criterios y ponderaciones que dificultan su comprensión y su control.
Un reparto más complejo y con nuevos criterios
Además del aumento en la cesión de impuestos, el Gobierno plantea modificar el cálculo de la llamada población ajustada, el indicador que determina cuánto dinero recibe cada comunidad. Este cálculo no se basa únicamente en el número de habitantes, sino en una serie de variables que, según Hacienda, reflejan el coste real de los servicios públicos.
La sanidad concentra el mayor peso del reparto, con un 38%, y se introduce un sistema más detallado por edades, al dividir la población en 20 tramos distintos. En educación, se tiene en cuenta tanto a los menores de edad como a los estudiantes universitarios y de Formación Profesional, incluidos los que se desplazan desde otras comunidades, mientras que los mayores de 65 años ganan protagonismo por su mayor uso de servicios sociales.
Como novedad, el Gobierno incorpora también el número de parados que no cobran prestación y factores como la superficie de cada comunidad, lo que añade más variables a un modelo que ya es objeto de críticas por su falta de transparencia.
La reforma, que aún debe negociarse con las comunidades autónomas, vuelve a abrir el debate sobre si el problema real es el reparto del dinero o el volumen de gasto público, así como sobre la eficacia de un sistema que, pese a sucesivas modificaciones, no ha logrado resolver los desequilibrios entre territorios ni garantizar una financiación clara y estable a largo plazo.
