La sanidad moderna ha avanzado de forma notable en las últimas décadas: hoy en día, las técnicas quirúrgicas son cada vez más seguras, los diagnósticos más precisos y los protocolos más estrictos. Pero, aun así, los errores siguen existiendo; y, aunque es cierto que no todos los malos resultados derivan de una mala praxis, sigue habiendo situaciones en las que el daño sufrido por un paciente responde a una actuación incorrecta: las negligencias médicas Ahí aparece el concepto de negligencia médica. Para saber qué son, cómo distinguirlas de otro tipo de complicaciones que no son reclamables y cómo pueden probarse y exigirse ante el juez, hemos pedido consultado a Bley Abogados (https://bleyabogados.es/), despacho especializado en negligencias médicas que nos ha asesorado en la elaboración de este artículo.
¿Qué se entiende por negligencia médica?
La negligencia médica se produce cuando un profesional sanitario actúa con falta de diligencia, se aparta de los protocolos aceptados o incumple los estándares técnicos exigibles, y esa actuación provoca un daño al paciente. La clave está en la infracción de la llamada lex artis, es decir, el conjunto de reglas técnicas y científicas que rigen una práctica médica concreta en un momento determinado. No basta con que el resultado sea negativo: es necesario que exista una conducta inadecuada y que esa conducta sea la causa directa del perjuicio.
Una complicación inevitable, en cambio, puede aparecer aunque el profesional haya actuado correctamente y haya seguido todos los protocolos. La medicina no ofrece resultados garantizados. Hay intervenciones que implican riesgos conocidos, explicados previamente al paciente mediante el consentimiento informado, por ejemplo en las complicaciones en los partos. En estos casos, un daño neurológico en el recién nacido, por ejemplo, puede deberse a un retraso injustificado en la práctica de una cesárea, lo que apuntaría a una posible negligencia, pero también puede ser consecuencia de un evento imprevisible y no evitable, aun actuando con rapidez y conforme a la técnica adecuada. En su artículo sobre complicaciones en el parto que puedes encontrar en el enlace bleyabogados.es/problemas-durante-parto/, los expertos explican cuáles son los supuestos más comunes que pueden considerarse negligencia.
Cómo se prueba una negligencia médica ante el juez
Para demostrar judicialmente una negligencia médica, la parte demandante debe acreditar de forma sólida la concurrencia de tres elementos fundamentales. En primer lugar, es necesario probar la existencia de un daño real y evaluable económicamente. En segundo lugar, se debe demostrar que la actuación del profesional sanitario o del centro médico infringió la lex artis ad hoc, es decir, que no se ajustó al estándar de diligencia y conocimiento exigible a un profesional medio en las mismas circunstancias. Esto implica evidenciar que no se emplearon los medios diagnósticos o terapéuticos adecuados según el estado de la ciencia en ese momento.
Finalmente, y como elemento crucial, debe establecerse un nexo causal directo e inequívoco entre esa actuación negligente y el daño producido, de modo que quede claro que el perjuicio no se debe a la evolución natural de la patología del paciente o a otros factores ajenos a la praxis médica. La carga de probar estos hechos recae, por regla general, en el paciente perjudicado, tal como establece el Artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
La importancia de la prueba pericial y la historia clínica
La acreditación de estos presupuestos se articula principalmente a través de la prueba pericial médica. Un informe pericial, elaborado por un especialista en la materia que no haya intervenido en el tratamiento, se convierte en la herramienta probatoria esencial para que el tribunal pueda valorar los aspectos técnicos del caso. Este dictamen analiza de forma pormenorizada la historia clínica completa del paciente, los protocolos aplicables y la actuación concreta del personal sanitario, concluyendo si dicha actuación se desvió del estándar de cuidado exigible y si esa desviación fue la causa directa del resultado lesivo. Como se refleja en la jurisprudencia, los tribunales otorgan una gran relevancia a aquellos informes periciales que están revestidos de mayor objetividad, imparcialidad y coherencia interna.
Junto a la pericial, la propia documentación clínica y, en ocasiones, el testimonio de otros profesionales, son medios de prueba complementarios que ayudan a formar la convicción del juzgador sobre la existencia de la responsabilidad profesional. La historia clínica es el eje documental probatorio de cualquier procedimiento por negligencia médica porque recoge las pruebas realizadas, los diagnósticos, las decisiones terapéuticas y la evolución del paciente. A menudo, los detalles técnicos, los tiempos de reacción o la ausencia de determinadas pruebas marcan la diferencia entre una actuación correcta y una deficiente.
Cómo se calculan las indemnizaciones en casos de mala praxis
La indemnización por negligencia médica busca reparar el daño sufrido: no se trata de castigar al profesional, sino de compensar al paciente por las consecuencias físicas, psíquicas y económicas derivadas del error. Aunque no existe un baremo específico para la mala praxis médica, judicialmente se aplica de forma orientativa y mayoritaria el sistema de valoración de daños personales contenido en el Texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor. Este sistema se fundamenta en los principios de reparación íntegra y vertebrada del daño, tal como establece el Artículo 33, diferenciando entre los perjuicios sufridos por lesiones temporales, secuelas permanentes o fallecimiento.
Además, conforme al Artículo 34 que trata sobre los daños objeto de valoración, se valoran de forma separada los daños personales (básicos y particulares) y los patrimoniales (daño emergente y lucro cesante), y la cuantificación final se basa en un informe pericial médico que determina el alcance de las lesiones, las cuales se traducen a importes económicos mediante las tablas del sistema, ponderando factores como la edad de la víctima y sus circunstancias particulares.
Qué plazo existe para reclamar
El tiempo es un factor decisivo. Los plazos varían según se trate de sanidad pública o privada y según la vía elegida. En la sanidad pública, la reclamación suele encauzarse por la vía administrativa patrimonial, y el plazo general es de un año desde que se produce el daño o desde que se estabilizan las secuelas. En la sanidad privada, si se opta por la vía civil, el plazo puede ser también de un año en acciones derivadas de responsabilidad extracontractual, aunque existen matices en función del tipo de contrato y de la relación jurídica. En lesiones que evolucionan con el tiempo, el inicio del plazo puede situarse en el momento en que se conocen las secuelas definitivas.
