Según los datos que maneja el Ministerio del Interior, hasta 362 menores denunciaron haber sufrido algún tipo de ataque sexual en la Región -casi uno de media cada día-. En la última década la cifra sobrepasa los 2.450.
«En la Región se ha percibido un aumento de los delitos conocidos contra la libertad e indemnidad sexual donde las víctimas son menores de edad», advierte el inspector jefe Alfonso Javier de la Cerda, jefe de sección de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) del Cuerpo Nacional. «Han aumentado principalmente las denuncias por delitos relativos a la cibercriminalidad sexual, lo cual es correlativo a la evolución del acceso a internet a edades cada vez más tempranas».
El responsable de la UFAM vincula este repunte de las denuncias a una mayor concienciación por parte de la sociedad y a una mayor disposición de las víctimas a dejar sus casos en manos de los agentes. Las políticas a favor de los menores, como la reciente Ley de Protección Integral a la Infancia, asegura que también entran en juego.
La Comunidad, por su parte, ha atendido 651 casos de abusos sexuales a niños entre 2019 y finales de 2021. Estos se derivan al servicio que ofrece Proyecto Luz. El Ejecutivo regional solo entra en juego, según explican fuentes de la Comunidad, siempre que ese abuso se asocie a una situación de desprotección, es decir, que los padres o tutores, por acción u omisión, sean responsables de los mismos.
Investigaciones complejas
El responsable de la UFAM explica que «la mayor parte de los delitos sexuales contra menores de edad tienen lugar en el ámbito privado, como podría ser el propio hogar familiar; teniendo como agresores a otros miembros del círculo familiar, vecinos, monitores o educadores».
Desde la Fundación Anar apuntan, en este sentido, que el 77,7% de los abusos se producen en entornos de confianza. Los análisis realizados por el centro de estudios de esta asociación revelan otro dato desgarrador: en tres de cada diez casos el acusado de esos abusos -que afectan con especial incidencia a mujeres- es el padre biológico de la víctima.
Esa circunstancia complica bastante que esos hechos se acaben conociendo y su investigación. «El hecho de que el agresor sea alguien cercano al menor de edad, junto con la fuerza, violencia, intimidación o prevalencia empleada, hace que las víctimas silencien los abusos, no comenzando la investigación hasta años después de lo ocurrido», incide el inspector jefe De la Cerda.
La Fundación Anar advierte, además, de que, una vez que salen a la luz, la tendencia mayoritaria es no dar crédito al testimonio de los menores. «Son hechos tan aberrantes que la familia trata de volver al equilibrio», remarca. En un 38% de los casos analizados por la organización, los abusos sexuales se negaron; en un 31,1% se encubrió al agresor; un 23,9% optó por no hacer nada y en el 7,2% de los casos la solución fue culpabilizar a la víctima. Una vía de salida que, remarcan desde Anar, genera una «doble victimización» y deja a la víctima «totalmente desamparada con unas consecuencias emocionales».
«Los afectados pueden realizar comentarios sobre sexo no relacionados con su edad», advierte el jefe de sección de la UFAM.
Los expertos de la Policía Nacional y de las asociaciones coinciden al reconocer que no hay signos indiscutibles que revelen que un niño o un adolescente está afrontando una situación de este tipo, pero sí se dan, en ocasiones, algunas señales de alerta que conviene no pasar por alto. «Pueden presentar comportamientos que no corresponden con su edad física, mostrando curiosidad excesiva o realizando comentarios sobre sexo no relacionados con su edad», recalca el jefe de sección de la UFAM. Rechazo a ir al colegio o a actividades extraescolares, infecciones vaginales... pueden ser otras pistas.
«La principal recomendación es su denuncia, no silenciándose bajo ningún concepto, y denunciándose desde el primer momento para poder dar la protección adecuada a las víctimas», recalca el jefe de sección de la UFAM. Desde la Fundación Anar inciden, por último, en la necesidad de destapar esta realidad y abordarla. Díaz remarca que, en caso de no ser atendido y reeducado, «el menor puede tener la tentativa de repetir esos abusos porque no tiene el aprendizaje adecuado».
