La Región, en riesgo por inundaciones: CHS, en el punto de mira por obras pendientes y contrataciones polémicas
La Región de Murcia enfrenta un aumento en el riesgo de inundaciones, especialmente en zonas vulnerables como la rambla de Tabala, la del Albujón, el Campillo de Lorca y la Vega Media. Los expertos señalan la necesidad de construir la presa de la rambla de Tabala, una infraestructura clave cuya ejecución depende de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS).
Además de la falta de obras hidráulicas, la CHS está en el punto de mira del Tribunal de Cuentas por supuestas irregularidades en sus contrataciones durante 2020 y 2021. Entre los casos analizados destaca el expediente relacionado con la estación de bombeo en la rambla del Albujón. Según el tribunal, la urgencia del contrato fue insuficientemente justificada y un retraso en su formalización dejó la estación inoperativa durante un mes. También se cuestiona un incremento de costes: de 647.000 euros adjudicados inicialmente, el contrato terminó costando 1,18 millones de euros, un aumento que la CHS atribuye a cambios en las condiciones de mantenimiento, aunque el Tribunal considera que los documentos aportados son insuficientes para justificar el gasto adicional.
A pesar de que 7Noticias ha intentado obtener respuestas de la CHS y del Ministerio para la Transición Ecológica, no se ha encontrado respuesta, y el presidente de la Confederación ha declinado hacer declaraciones.
El Tribunal Supremo rechazó en octubre los recursos contra los planes de inundación de la CHS pese a las críticas al proceso
El Tribunal Supremo desestimó en una sentencia el pasado 16 de octubre los recursos presentados por dos constructoras (EMASA y Cartagena Parque S.L.) que cuestionaban la revisión de los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación (PGRI) de la cuenca del Segura, ratificando la vigencia del Real Decreto 26/2023.
Según una nota de prensa emitida por la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), el tribunal consideró que los procedimientos seguidos en la revisión y actualización de los planes cumplieron con la normativa vigente, validando las actuaciones de la institución. No obstante, las empresas denunciantes habían señalado deficiencias en el proceso y cuestionado la transparencia y el impacto de las medidas adoptadas.
El fallo refuerza la imposición de estos planes pese a las preocupaciones planteadas sobre su efectividad y la metodología empleada, dejando a las constructoras sin margen para alterar las disposiciones aprobadas. El debate en torno a la gestión del riesgo de inundación y su idoneidad continúa abierto, especialmente en una cuenca tan compleja como la del Segura.