García Montoro confía en ver en 2027 las primeras grúas del Plan de Vivienda Asequible
El consejero de Fomento e Infraestructuras, Jorge García Montoro, ha defendido este lunes en La 7 el nuevo decreto de vivienda asequible de la Región de Murcia, una norma con la que el Gobierno regional pretende impulsar la construcción de 25.000 viviendas en cinco años y facilitar el acceso a jóvenes y familias de renta media.
García Montoro ha asegurado que el decreto es “una respuesta real a una necesidad urgente” y ha insistido en que la falta de vivienda no es un problema exclusivo de la Región, sino una situación que afecta al conjunto de España. La norma, que todavía debe ser convalidada por la Asamblea Regional en el plazo de un mes, nace, según ha explicado, tras un trabajo de diálogo con sectores profesionales, colegios y agentes implicados.
Menos burocracia, incentivos y viviendas con más calidad
El consejero ha resumido el decreto en tres grandes pilares. El primero es la simplificación administrativa, con la declaración de urgencia para todos los trámites relacionados con la vivienda asequible y la promoción de este tipo de inmuebles. El objetivo, ha dicho, es reducir burocracia y evitar que los plazos frenen nuevos desarrollos.
El segundo bloque incluye incentivos urbanísticos y fiscales. Entre ellos figuran las llamadas primas de edificabilidad, pensadas para estimular la construcción de vivienda protegida. El tercer pilar busca mejorar la calidad residencial, permitiendo, por ejemplo, la construcción de terrazas sin que resten superficie útil de la vivienda dentro de los límites previstos.
García Montoro ha admitido que la construcción de vivienda es un proceso “a medio plazo”, pero ha defendido que la Región debe empezar ya a activar los mecanismos necesarios para aumentar la oferta.
Suelo público, privado y zonas urbanas con usos obsoletos
Preguntado por dónde se construirán esas viviendas, el consejero ha explicado que la norma está pensada para todo tipo de suelo y que no distingue entre titularidad pública o privada. También ha recordado que los ayuntamientos tienen un papel clave, tanto por los suelos municipales disponibles como por su capacidad para tramitar y facilitar nuevos proyectos.
Uno de los puntos abordados en la entrevista ha sido la posibilidad de transformar zonas donde hoy existen naves industriales. García Montoro ha matizado que no se trata de ocupar suelo industrial, sino de actuar sobre suelos que ya están calificados como residenciales, pero que mantienen edificaciones industriales fuera de ordenación.
Como ejemplo, se ha citado el entorno de San Basilio y El Ranero, en Murcia capital, donde existen naves rodeadas de suelo residencial y servicios urbanos. El consejero ha defendido que estos espacios pueden convertirse en nuevas bolsas de vivienda en zonas ya consolidadas.
Hasta 54.000 euros brutos por unidad de convivencia
Sobre los requisitos de acceso, García Montoro ha explicado que podrán optar a estas viviendas las unidades de convivencia que no superen 6,5 veces el IPREM, lo que equivale aproximadamente a un máximo de 54.000 euros brutos, y que no tengan una vivienda en propiedad.
También ha destacado la ampliación de los beneficios fiscales. Según ha detallado, hasta ahora el IVA superreducido del 4% se aplicaba a determinados compradores con un límite de 2,5 veces el IPREM, mientras que el nuevo decreto eleva ese umbral hasta 5,5 veces el IPREM. El consejero ha reconocido que el Gobierno regional no tiene competencias para regular el IVA, al tratarse de un impuesto estatal, pero sí para fijar el nivel de renta que permite acogerse a ese tipo reducido en este ámbito.
García Montoro no ha concretado cuántas personas podrán beneficiarse de estas condiciones, aunque ha defendido que la medida ampliará “considerablemente” el número de posibles compradores.
Jornadas informativas y futura regulación del arraigo
El consejero ha avanzado que la Consejería organizará jornadas de formación e información tanto para ciudadanos como para ayuntamientos, con el fin de explicar cómo se aplicará el decreto y resolver dudas sobre una norma que ha definido como innovadora.
También se le ha preguntado por la llamada prioridad nacional. García Montoro ha aclarado que ese concepto no aparece expresamente en el decreto, aunque ha señalado que el Gobierno regional regulará más adelante las condiciones de acceso mediante un desarrollo reglamentario. En ese marco, ha indicado que se tendrá en cuenta el arraigo, ligado a criterios objetivos como el empadronamiento.
El consejero ha insistido en que, junto al arraigo, seguirán siendo determinantes otros requisitos, como no tener vivienda en propiedad y no superar los límites de renta establecidos.
Primeras obras en 2027
García Montoro ha reconocido que ver resultados inmediatos no será sencillo, pero ha confiado en que en 2027 puedan verse ya los primeros movimientos vinculados al plan. “Esperamos que sí”, ha respondido al ser preguntado por la posibilidad de que el próximo año comiencen las primeras obras.
El consejero ha defendido que la vivienda se ha convertido en un factor clave de desigualdad y en un elemento que condiciona el proyecto de vida de muchos jóvenes. A su juicio, la administración debe actuar para que los ciudadanos puedan elegir dónde vivir y no se vean obligados a marcharse por falta de vivienda disponible.
Viviendas de hasta 90, 120 y 150 metros
En cuanto a las características de los pisos, García Montoro ha explicado que el nuevo modelo flexibiliza la vivienda protegida tradicional. Las viviendas podrán tener hasta 90 metros cuadrados con carácter general, hasta 120 metros para familias numerosas y hasta 150 metros cuadrados para familias numerosas de categoría especial.
El decreto también sustituye la calificación provisional y definitiva por declaraciones responsables, una fórmula con la que el Gobierno regional pretende acortar plazos sin reducir garantías legales. El consejero ha insistido en que la simplificación administrativa no es una declaración “vacía”, sino una herramienta para evitar embudos burocráticos.
Las viviendas no se construirán a demanda de cada familia, sino a través de promociones públicas o privadas. Después, las unidades de convivencia podrán acceder a ellas si cumplen los requisitos que establezca la normativa.
El Gobierno regional pide colaboración a la oposición
Preguntado por las críticas de la oposición, que ha calificado el plan como una “bomba de humo”, García Montoro ha pedido colaboración y diálogo. El consejero ha defendido que el Ejecutivo regional entregó el borrador del texto a los grupos parlamentarios y ha asegurado que el decreto se ha trabajado desde el “rigor” para crear medidas “útiles” y de aplicación real.
Según ha señalado, las críticas quedarán respondidas si mejora la disponibilidad de vivienda en la Región de Murcia.
Recuperar edificios y urbanizaciones inacabadas
El decreto también incluye medidas para incentivar la finalización de edificios y urbanizaciones que quedaron paralizados tras la crisis inmobiliaria de 2007 y 2008. García Montoro ha explicado que esos inmuebles podrán acogerse a estímulos si se destinan a vivienda protegida.
El consejero ha admitido que la Comunidad no dispone todavía de una cifra cerrada sobre cuántos edificios o viviendas se encuentran en esa situación. Ha señalado que los ayuntamientos son quienes mejor conocen esos desarrollos pendientes y que el Gobierno regional trabajará con ellos y con la Federación de Municipios para elaborar un punto de partida.
García Montoro ha defendido que el decreto parte de un análisis “riguroso y técnico” de la realidad del suelo y del mercado inmobiliario regional, con el objetivo de aplicar medidas inmediatas y eliminar lo que ha llamado “cicatrices urbanas”.