El juez sitúa a Zapatero al frente de una presunta trama para lograr beneficios económicos con el rescate de Plus Ultra

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha acordado investigar al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en el ‘caso Plus Ultra’ y lo sitúa al frente de una presunta “estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias” destinada a lograr beneficios económicos.

Es la primera vez en la historia de la democracia española que un expresidente del Gobierno es investigado en una causa por corrupción. Calama ha citado a declarar a Zapatero como investigado el próximo 2 de junio por un presunto delito de tráfico de influencias y otros conexos, entre ellos blanqueo de capitales y organización criminal.

El juez sostiene que Zapatero habría puesto sus contactos personales y su capacidad de acceso a altos cargos de la Administración al servicio de terceros interesados en obtener decisiones favorables, principalmente la aerolínea Plus Ultra, rescatada por el Gobierno durante la pandemia con 53 millones de euros.

Según el auto, la supuesta trama habría utilizado sociedades instrumentales, documentación simulada y canales financieros opacos para ejercer influencias ilícitas, ocultar el origen y destino de los fondos y obtener beneficios económicos tanto para terceros como para el propio entramado.

Casi dos millones para el entorno de Zapatero

Uno de los puntos más relevantes del auto es la cantidad de dinero que el juez atribuye al entorno del expresidente. Calama señala que Zapatero habría recibido 1.525.078 euros procedentes de Análisis Relevante y del resto de empresas investigadas.

Además, esas mismas sociedades habrían pagado 423.779 euros a What The Fav, la empresa de marketing de las hijas del expresidente socialista. En total, el magistrado cifra en 1.948.857 euros los fondos recibidos por el entorno de Zapatero.

El juez también ha ordenado registrar el despacho del expresidente en la calle Ferraz, cercano a la sede del PSOE en Madrid, y otras tres mercantiles, entre ellas la empresa de sus hijas, por sus posibles vínculos con el rescate de Plus Ultra.

Sociedades ‘off-shore’ y un contrato para cobrar el 1% del rescate

Calama apunta además a la creación de una red de empresas ‘off-shore’. Según el magistrado, Zapatero habría dado instrucciones para constituir una sociedad en Dubái con la participación de su secretaria. El plan de negocio de esa sociedad preveía ingresos de tres millones de dólares en cinco años.

La empresa estaría íntegramente participada por la mercantil española Idella Consulenza Strategica, administrada por Julio Martínez Martínez, empresario amigo del expresidente y también imputado en la causa.

Esta sociedad, según el auto, suscribió con Plus Ultra un contrato para cobrar el 1% del rescate concedido por el Gobierno, lo que equivaldría a 530.000 euros. El juez destaca la cercanía temporal entre ese contrato y el inicio de las gestiones para crear una de las empresas ‘off-shore’, separadas por sólo siete días, así como la ausencia de pagos en España.

A juicio del magistrado, estos indicios apuntan a que la sociedad pudo haberse creado para canalizar ese cobro fuera del territorio nacional.

Dos vías de influencia: Ábalos y Zapatero

El juez considera que los directivos de Plus Ultra intentaron obtener la ayuda pública concedida por la SEPI mediante “mecanismos ajenos a los cauces legalmente establecidos”.

En ese contexto, Calama sospecha que se articularon dos líneas de influencia diferenciadas: una a través del entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, y otra a través de Zapatero. Ambas habrían operado de manera simultánea, aunque el juez atribuye a la vía del expresidente un “papel predominante”.

Según el auto, esa supuesta red habría tenido acceso anticipado a información privilegiada sobre la inminente concesión de la ayuda a Plus Ultra antes de la decisión formal del Consejo Gestor y de su aprobación definitiva.

Influencia también en Venezuela

La investigación no se limita al rescate concedido en España. El juez también apunta a gestiones de influencia en Venezuela para asegurar autorizaciones de vuelo a Plus Ultra ante el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil.

Calama considera que esa línea presenta elementos propios del delito de tráfico de influencias, aunque la integra dentro de un único delito junto a las gestiones dirigidas a conseguir la ayuda pública española, por la coincidencia de los sujetos, la finalidad económica y el tipo de actuaciones investigadas.

El origen de la investigación

La causa parte de una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción sobre el presunto uso indebido de los 53 millones de euros que el Gobierno concedió a Plus Ultra en marzo de 2021.

Anticorrupción apuntaba a que el dinero recibido por la aerolínea se habría utilizado para devolver préstamos concedidos por sociedades vinculadas a una presunta trama delictiva internacional asentada en Francia, Suiza y España.

Según la Fiscalía, los fondos ilícitos procederían de actos de malversación cometidos por funcionarios públicos en Venezuela, en concreto de fondos públicos de programas CLAP y de ventas de oro del Banco de Venezuela.

La denuncia sostenía que Plus Ultra figuraba como firmante y beneficiaria de presuntos contratos de préstamo con sociedades de esa organización criminal, y que esos contratos habrían servido para dar cobertura a devoluciones realizadas por la aerolínea tras recibir la ayuda pública.

Blanqueo de capitales y tráfico de influencias

El juez considera que existen indicios de una estructura societaria y financiera internacional presuntamente diseñada para canalizar fondos de origen ilícito, ocultar la titularidad real de activos y desplazar capitales fuera de España.

A juicio de Calama, los hechos podrían encajar no sólo en un presunto delito de tráfico de influencias, sino también en blanqueo de capitales, especialmente por la creación de sociedades instrumentales en jurisdicciones de baja transparencia, el uso de estructuras fiduciarias y la canalización de fondos a través de cuentas o productos financieros situados en el extranjero.

El magistrado ha decidido además levantar el secreto de sumario de la causa, que ya ha llevado a la detención del presidente de Plus Ultra, Julio Martínez; su CEO, Roberto Roselli; y el empresario Julio Martínez Martínez.