Agendas, contratos, oro y joyas: el juez estrecha aun más el cerco sobre la presunta trama de Zapatero
La investigación judicial sobre el caso Plus Ultra ya no se limita al rescate público de la aerolínea durante la pandemia. El sumario de la Audiencia Nacional, al que ha tenido acceso La 7, amplía el perímetro de la causa y sitúa a José Luis Rodríguez Zapatero en el centro de una presunta red de influencia que, según el juez José Luis Calama, habría actuado en España y en el extranjero para favorecer intereses empresariales, canalizar fondos y obtener beneficios económicos a través de sociedades instrumentales.
El rescate de 53 M€ concedido a Plus Ultra por el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas sigue siendo el eje de la investigación. Pero las diligencias conocidas ahora dibujan un escenario más amplio: una presunta estructura organizada con contactos institucionales, sociedades interpuestas, contratos de asesoramiento, facturación presuntamente simulada y operaciones internacionales vinculadas a sectores como el oro, el petcoke, la compraventa de acciones o las divisas.
El caso, por tanto, entra en una fase distinta. Ya no se trata solo de determinar cómo consiguió Plus Ultra una ayuda pública discutida desde el primer día. La Audiencia Nacional trata de reconstruir si alrededor de aquella operación funcionó una presunta trama estable de tráfico de influencias, con ramificaciones económicas mucho más amplias.
Zapatero, en el vértice de la presunta estructura
El auto sostiene que en el vértice de la estructura se situaría José Luis Rodríguez Zapatero, a quien atribuye un papel de “liderazgo estratégico” y capacidad de acceso a contactos institucionales y empresariales de alto nivel. Según la resolución, desde su entorno se habrían impartido instrucciones, elaborado documentos, gestionado comunicaciones sensibles y articulado la operativa financiera y societaria.
La investigación señala también a varios colaboradores de confianza y a un grupo de sociedades que, según el juez, habrían cumplido funciones diferenciadas dentro del esquema. Entre ellas aparecen Análisis Relevante, Whathefav, Sofgestor, Inteligencia Prospectiva y Caletón Consultores, además de mercantiles vinculadas a estructuras internacionales.
Una de las claves está en Whathefav, sociedad propiedad de las hijas de Zapatero. El auto la describe como una mercantil finalista dentro del entramado investigado, que habría recibido fondos de clientes y de otras sociedades instrumentales, generado facturación genérica y redistribuido pagos hacia el entorno del expresidente.
No solo Plus Ultra: oro, petcoke, acciones y divisas
La parte más novedosa del auto es que la supuesta actividad de la red no se reduciría al rescate de Plus Ultra. La Audiencia Nacional habla expresamente de operaciones internacionales de alto valor económico vinculadas al petcoke, al oro, a la compraventa de acciones y a las divisas.
Según la resolución judicial, las comunicaciones intervenidas reflejan contactos en España y en países como Venezuela, China o Emiratos Árabes Unidos, con el objetivo de influir en decisiones administrativas o facilitar operaciones comerciales de gran escala.
Este punto es relevante porque cambia el marco del caso. Plus Ultra sería la operación más visible, la que conecta directamente con fondos públicos españoles y con la SEPI, pero no necesariamente la única. La investigación apunta a una presunta estructura que habría ofrecido influencia, acceso institucional y capacidad de intermediación en negocios internacionales donde el poder político, el dinero y la opacidad suelen caminar de la mano. A veces incluso se dan la mano, se abrazan y luego firman una factura de asesoría.
La pista del oro venezolano
La causa también parte de una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción sobre el presunto uso indebido de los 53 M€ concedidos a Plus Ultra. Según esa denuncia, parte de los fondos investigados podrían estar relacionados con una presunta organización criminal transnacional asentada en Francia, Suiza y España.
Anticorrupción apuntaba a que los fondos ilícitos procederían de actos de malversación cometidos por funcionarios públicos en Venezuela, en concreto de programas CLAP y de ventas de oro del Banco de Venezuela. La hipótesis judicial sostiene que Plus Ultra habría figurado como firmante y beneficiaria de presuntos contratos de préstamo con sociedades vinculadas a esa organización, y que esos contratos habrían servido para dar cobertura a devoluciones realizadas tras recibir la ayuda pública.
La investigación incorpora así una posible doble dimensión: por un lado, el tráfico de influencias para lograr decisiones favorables en España; por otro, el posible blanqueo de capitales mediante estructuras societarias, contratos y movimientos financieros internacionales.
Correos, contratos y facturas: el juez busca la cocina de la trama
El nuevo auto ordena requerimientos de información a entidades públicas y privadas para obtener correos electrónicos, contratos, facturas, libros contables, documentación preparatoria de acuerdos, bases de datos, archivos informáticos y comunicaciones corporativas.
El juez reclama también documentación relativa a la fase de concesión de la ayuda pública a Plus Ultra durante los años 2020 y 2021. Es decir, el periodo clave en el que la aerolínea solicitó, tramitó y obtuvo el rescate.
El objetivo de estas diligencias es determinar si los pagos investigados respondían a servicios reales o si, por el contrario, eran la cobertura formal de contraprestaciones por gestiones de influencia. En cristiano: si había asesoría de verdad o si el asesoramiento era solo el traje de domingo de otra cosa menos presentable.
Análisis Relevante y el circuito económico
Uno de los ejes de la investigación es Análisis Relevante, sociedad que, según el auto, habría recibido más de 941.000 euros procedentes de Plus Ultra, Sofgestor, Grupo Aldesa e Inteligencia Prospectiva.
De esa cantidad, la sociedad habría remitido posteriormente 490.780 euros a Zapatero y 239.755 euros a Whathefav, la empresa de sus hijas. El juez considera que Análisis Relevante pudo actuar como sociedad interpuesta para recibir fondos y redistribuirlos hacia los beneficiarios finales del entramado.
La Audiencia Nacional ya ha acordado el bloqueo de hasta 490.780 euros de las cuentas del expresidente, una cantidad que se correspondería con los fondos que habría recibido de Análisis Relevante.
Whathefav, la empresa de las hijas de Zapatero
La presencia de Whathefav es uno de los puntos más delicados del caso. La sociedad, propiedad de las hijas de Zapatero, aparece en el auto como una pieza funcional dentro de la presunta trama.
Según la resolución, Whathefav habría recibido pagos de Análisis Relevante y de otras entidades del circuito económico investigado. El juez sostiene que su actividad habría consistido, en parte, en dar cobertura formal a servicios de marketing, maquetación o difusión de informes, aunque la investigación duda de la realidad material y del valor económico de esas prestaciones.
El auto señala que la sociedad habría actuado como canal de redistribución de fondos, con facturación genérica y movimientos hacia el entorno familiar del expresidente. Esa es una de las razones por las que el juez ha ordenado también el análisis de correos, documentación y archivos vinculados a la mercantil.
El registro: agendas, carpetas, dispositivos y una caja fuerte
La otra gran novedad es el material intervenido durante las diligencias de entrada y registro. El acta recoge la incautación de abundante documentación física y digital en la oficina de Zapatero en la calle Ferraz, justo enfrente de la sede del PSOE.
Entre el material intervenido figuran carpetas con documentación de sociedades y proyectos, agendas de varios ejercicios, dispositivos de almacenamiento, un teléfono móvil, un disco duro y documentación relacionada con entidades y empresas que aparecen en la investigación.
El inventario incluye carpetas identificadas con nombres de sociedades y proyectos como Análisis Relevante, Gate, Nexgen Hydrogen, Focus Social Research, Instituto de Diplomacia Cultural, Thinking Heads, ALMTECH o contratos y facturas relacionados con el entorno investigado.
La Policía también localizó agendas correspondientes a distintos años, algunas de ellas vinculadas a la actividad del expresidente. Este material puede resultar especialmente relevante para reconstruir reuniones, contactos, anotaciones, viajes, encargos o secuencias temporales de la presunta operativa.
No es una cuestión menor. En las grandes investigaciones económicas, una agenda puede pesar tanto como una transferencia. La cuenta bancaria dice cuánto; la agenda puede decir con quién, cuándo y para qué.
Joyas y relojes en una caja fuerte
El acta de registro recoge además la localización de decenas de joyas y relojes en una caja fuerte. La documentación enumera collares, pulseras, pendientes, sortijas, relojes y otros efectos intervenidos o reseñados durante la diligencia.
Conviene subrayarlo con prudencia: la mera existencia de esos bienes no implica por sí sola relevancia penal. Su importancia dependerá de si la investigación logra vincularlos con los fondos analizados, con posibles incrementos patrimoniales no justificados o con movimientos económicos relacionados con la presunta trama.
Pero informativamente el dato tiene peso. El juez no solo busca correos, contratos y facturas. También trata de reconstruir el patrimonio, los flujos de dinero y los posibles beneficiarios finales de una operativa que, según la Audiencia Nacional, habría acabado favoreciendo al entorno de Zapatero.
Una presunta red con sociedades instrumentales
La resolución judicial describe una operativa con rasgos comunes: documentación presuntamente ficticia, contratos de asesoramiento, facturación genérica, sociedades sin actividad real, administradores interpuestos, comunicaciones digitales constantes y canalización de fondos.
El juez considera que la red habría utilizado sociedades instrumentales para generar apariencia de legalidad, ocultar el origen y destino de los fondos y desvincular formalmente a los beneficiarios finales de las empresas que originaban los pagos.
En ese esquema, Plus Ultra aparece como una de las piezas principales, pero no como la única. La causa analiza también operaciones internacionales, movimientos hacia sociedades vinculadas al entorno del expresidente y posibles pagos bajo apariencia de servicios profesionales.
La vía española: SEPI, Transportes y el rescate de 53 M€
En relación con Plus Ultra, la investigación sostiene que la aerolínea habría intentado obtener la ayuda pública mediante mecanismos ajenos a los cauces ordinarios. El auto apunta a dos posibles vías de influencia: una vinculada al entonces Ministerio de Transportes y otra atribuida al entorno de Zapatero.
La UDEF ya había señalado que los directivos de la aerolínea mantuvieron contactos institucionales durante la tramitación del expediente y que la red habría tenido acceso anticipado a información sobre la evolución de la ayuda antes de su aprobación formal.
El rescate fue concedido por el Gobierno en marzo de 2021 por un importe de 53 M€, a través del fondo gestionado por la SEPI para empresas consideradas estratégicas durante la pandemia.
La vía venezolana: permisos de vuelo y contactos institucionales
La investigación también analiza gestiones en Venezuela para favorecer a Plus Ultra ante autoridades aeronáuticas del país. El juez considera que esa línea de actuación podría integrar igualmente un delito de tráfico de influencias, en conexión con las gestiones desplegadas en España para conseguir la ayuda pública.
Esta dimensión internacional es una de las que más interesa ahora a la Audiencia Nacional. El auto habla de una red que habría actuado no solo en España, sino también en otros países, con contactos en ámbitos políticos y económicos y con operaciones vinculadas a sectores estratégicos.
Zapatero niega las acusaciones
Zapatero ha negado las acusaciones y ha defendido la legalidad de sus actividades públicas y privadas. Tras conocerse su citación como investigado, el expresidente aseguró que todos sus ingresos fueron declarados por IRPF y que su actividad se desarrolló siempre con transparencia y respeto a la legalidad.
La causa, por tanto, se encuentra todavía en fase de instrucción. Las acusaciones deberán ser acreditadas y las defensas tendrán ocasión de rebatir los indicios recogidos por la UDEF y asumidos por el juez.
De la ayuda pública a la presunta trama internacional
El caso Plus Ultra empezó como una polémica sobre un rescate público concedido a una aerolínea cuestionada por su situación económica y por su supuesto carácter estratégico. Ahora, la investigación judicial apunta a algo mucho más amplio: una presunta red de influencia articulada alrededor de un expresidente del Gobierno, con sociedades instrumentales, contratos de asesoría, pagos al entorno familiar y operaciones internacionales ligadas al oro, las divisas, el petcoke y otros negocios de alto valor.
La clave estará en los correos, las facturas, las agendas, los contratos y los dispositivos incautados. Ahí es donde la instrucción deberá separar el ruido político de la prueba judicial. Porque en estas causas el relato impresiona, pero lo que decide son los documentos. Y, por lo visto hasta ahora, documentos no faltan.