Los usuarios del Trasvase podrán reclamar indemnizaciones si los recortes causan daños en la Región
Lo ha asegurado el catedrático de Derecho Administrativo y director del Instituto del Agua y de las Ciencias Ambientales de la Universidad de Alicante, Andrés Molina Giménez, en la Asamblea Regional
El catedrático de Derecho Administrativo y director del Instituto del Agua y de las Ciencias Ambientales de la Universidad de Alicante, Andrés Molina Giménez, ha asegurado este lunes en la Asamblea Regional que los usuarios del Trasvase Tajo-Segura podrán reclamar indemnizaciones si la reducción de caudales provoca daños económicos en la Región de Murcia.
Durante su comparecencia en la Comisión Especial de Estudio sobre la situación del trasvase, Molina ha explicado que, si se producen perjuicios patrimoniales derivados de la aplicación de los caudales ecológicos, los afectados tendrían la posibilidad de acudir a la vía legal para exigir compensaciones a la Administración.
Impacto directo en el regadío murciano
El experto ha advertido de que el aumento de los caudales ecológicos en el Tajo supondrá, a partir de 2027, una merma media anual de 105 hectómetros cúbicos para regadío, lo que podría traducirse en la pérdida del 16% del regadío de la cuenca del Segura, con unas 27.400 hectáreas afectadas.
Además, ha cifrado el impacto económico en 5.300 millones de euros y la pérdida de 15.400 empleos directos vinculados al Trasvase Tajo-Segura.
“Inseguridad jurídica” histórica
Molina también ha denunciado la “importante inseguridad jurídica” que, a su juicio, han sufrido históricamente los usuarios del acueducto, y ha señalado que la infraestructura atraviesa un proceso de “desnaturalización por vía reglamentaria”.
Según ha expuesto, la reducción del peso real del trasvase se estaría produciendo por tres vías: los recortes aplicados en nivel 3 de explotación, la futura modificación de la regla de explotación y el incremento de los caudales ecológicos.
En este sentido, ha indicado que entre 2018 y 2024 se habrían producido al menos 27 recortes en la cantidad máxima trasvasable, generando una deuda hídrica estimada de 192 hectómetros cúbicos para la cuenca del Segura.
Falta de infraestructuras alternativas
El compareciente también ha criticado la falta de coordinación entre los planes hidrológicos del Tajo y del Segura. Según ha recordado, la subida de caudales ecológicos iba acompañada de medidas compensatorias, como nuevas desaladoras, mejoras en las existentes e interconexiones para llevar agua a las zonas regables.
Sin embargo, ha lamentado que esas infraestructuras todavía no se hayan ejecutado, lo que considera una contradicción dentro del propio decreto que regula ambos planes.
Debate político en la Asamblea
Durante el turno de los grupos parlamentarios, PSOE, PP y Vox coincidieron en considerar el trasvase una infraestructura estratégica para el sureste español, aunque con matices sobre su futuro. Desde el Grupo Mixto se reclamó replantear el modelo hídrico actual teniendo en cuenta la disponibilidad real de recursos y el impacto ambiental.