Conchita Ruiz hace balance: cinco años de la Ley 8/2021 de apoyo a la discapacidad

Conchita Ruiz, consejera de Política Social, Familias e Igualdad de la Región de Murcia, participó esta semana en la inauguración de una jornada de balance sobre el desarrollo y el impacto de la Ley 8/2021, la norma que reformó la legislación civil y procesal para garantizar el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica. El encuentro, organizado conjuntamente por la Fundación Murciana para la Defensa Judicial y Curatela y la Universidad de Murcia, reunió a profesionales del derecho, el trabajo social y la atención a la dependencia para hacer balance de lo que ha supuesto esta legislación a lo largo de sus cinco primeros años de vigencia en la Región.

La jornada analizó tanto los avances conseguidos como los retos pendientes en la aplicación práctica de una ley que supuso un cambio de paradigma en la forma en que el Estado se relaciona con las personas que necesitan apoyos para tomar decisiones sobre su propia vida.

Cinco años de transformación normativa

La Ley 8/2021 introdujo una ruptura con el modelo anterior, que permitía la incapacitación judicial plena de personas con discapacidad, una figura que las privaba de su capacidad para actuar jurídicamente de manera autónoma. La nueva norma, impulsada desde el ámbito de los derechos humanos, sustituyó ese esquema por un sistema de apoyos centrado en la autonomía y voluntad de cada persona.

La consejera Ruiz destacó que esta reforma "ha facilitado el avance hacia un sistema más respetuoso e inclusivo con los derechos fundamentales, y ha permitido ofrecer una atención más personal e individualizada". La calificó también de "normativa necesaria y humana, centrada en respetar la voluntad de las personas con discapacidad", un principio que el Gobierno regional trata de trasladar de forma progresiva a sus políticas sociales.

El Proyecto Socuper como marco de actuación

La jornada se inscribió en el Proyecto Socuper, una iniciativa que sirve de marco para las políticas regionales en materia de inclusión y apoyo a la discapacidad. Bajo este paraguas, el Ejecutivo autonómico trabaja con el objetivo de garantizar que "todas las personas puedan liderar su propio proyecto de vida", tal y como señaló la consejera.

La concreción de ese objetivo pasa por la atención personalizada a las cerca de 5.000 personas con discapacidad que gestiona el Instituto Murciano de Acción Social (IMAS). Detrás de esa cifra hay situaciones muy diversas: desde personas que requieren apoyos puntuales para determinadas decisiones hasta quienes necesitan acompañamiento constante en prácticamente todos los ámbitos de su vida. La Ley 8/2021 obliga a tratar cada caso de forma individual, lo que exige recursos humanos y técnicos específicos, coordinación entre administraciones y entidades sociales, y formación continua para los profesionales que actúan como curadores o figuras de apoyo.

Viviendas tuteladas y nuevo modelo residencial

El Gobierno regional ha avanzado en la creación de recursos alternativos al modelo residencial tradicional. Ruiz citó la puesta en marcha de una treintena de viviendas tuteladas, un recurso que permite a personas con discapacidad vivir en un entorno normalizado con el acompañamiento adecuado, sin necesidad de ingresar en un centro de tipo institucional. Se trata de una apuesta por la desinstitucionalización que busca dar contenido práctico a los principios que inspiraron la reforma legal.

A esta medida se suma el programa 'Más que un hogar', que está transformando centros de día y residencias destinados a mayores y personas con discapacidad en la Región de Murcia para adaptarlos a las necesidades reales de quienes los utilizan. La iniciativa apuesta por entornos más flexibles, personalizados y respetuosos con la voluntad de los usuarios, en contraste con el modelo más uniforme que históricamente ha caracterizado a estos equipamientos.

El papel del Cermi y la colaboración institucional

Ruiz cerró su intervención agradeciendo la implicación de las entidades locales y sociales en los avances conseguidos durante estos cinco años. La consejera recordó también el papel determinante del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) en el proceso legislativo que dio lugar a la norma, subrayando que su impacto trasciende el ámbito autonómico y forma parte de una transformación estructural del modelo de atención a la discapacidad en España.

La jornada, celebrada en el marco de la Universidad de Murcia, se convirtió así en un espacio de reflexión colectiva sobre los efectos reales de una reforma que, cinco años después de su entrada en vigor, sigue generando debate entre juristas, trabajadores sociales y representantes del colectivo sobre cómo mejorar su aplicación práctica y garantizar que sus principios lleguen a todas las personas que necesitan apoyo en la Región.